Ahora, 2023. Es el próximo puerto para la dirigencia que acaba de ser calificada en las urnas. ¿Fueron elecciones típicas de medio término? ¿El entrerriano se predispone a votar de otra manera en elecciones para cargos ejecutivos? Son preguntas de manual y las respuestas suelen ser coyunturales. Se repiten cada tanto y se responden, casi siempre, de la misma manera. El siguiente texto propone tomar algunos elementos y poner de relieve el lugar que ocupa Entre Ríos en una región que expresa el comportamiento de la sociedad y sirve de laboratorio para quienes piensan la política nacional por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. El AMBA.
El peronismo cumplirá 20 años consecutivos en el poder en Entre Ríos. Los perfiles de los tres gobernadores que se sucedieron en ese tiempo no variaron, más que en las formas, al momento de pensar la provincia. Tampoco hubo, por parte de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, programas de gobierno que se diferenciaran sustancialmente entre sí. Atrapados por el centralismo porteño, cada uno resolvió el día a día con herramientas que impuso el Estado nacional. Se invirtió en obra pública cuando hubo y se bajaron programas al territorio cuando se crearon, obviamente, desde el poder central.
Entre Ríos arrastra un modelo económico que tiene a la producción primaria en el vértice de su crecimiento. Mientras el neoliberalismo pasaba la gorra y entregaba al capital trasnacional las empresas de servicios públicos que había en la provincia, la economía entrerriana crecía incluso por encima de la media nacional. Entre 1993 y 1998, que es el período de mejor desempeño, registró una tasa de crecimiento acumulativo anual del 4,1 por ciento y las exportaciones de origen provincial se incrementaron en un 171 por ciento (en dólares corrientes). Ese crecimiento, sin embargo, no se tradujo en mejoras en la calidad de vida para la mayoría de los entrerrianos: la desocupación aumentó un 33 por ciento; la desigualdad, un 9,3 por ciento; y los ingresos cayeron un 40 por ciento. Para el año 2001, el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 74 por ciento respecto de 1993, mientras que la ocupación caía un 29 por ciento, es decir que el campo aumentaba su riqueza con menor mano de obra. La información surge del reciente trabajo Adonde va el excedente. Los noventa en un espacio subnacional, realizado por los economistas Leandro Rodríguez y Roberto Schunk y la trabajadora social Elena Riegelhaupt.
La lógica de crecimiento durante la década de 1990 favoreció la apropiación desigual del ingreso socialmente generado atado a tres factores: una manifiesta incapacidad para absorber productivamente el incremento de la fuerza de trabajo provincial; la concentración creciente de la tenencia de la tierra y las bajas remuneraciones en el sector más determinante de la economía para la distribución del ingreso; y la escasa capacidad del Estado para aumentar su participación en el crecimiento mediante impuestos progresivos que pudieran utilizarse con fines redistributivos. De ahí el slogan que repitió Rogelio Frigerio en campaña: mientras en la provincia hay 120 mil empleos privados, el Estado todos los meses emite 170 mil cheques para pagar sueldos a los empleados del sector público. La ecuación seguramente entusiasme a Mario Moine, el símbolo de la década de 1990, hoy enrolado en Juntos por el Cambio. Gustavo Bordet ha destacado de su gestión que no ha crecido la planta permanente de empleados públicos. Incluso, ha disminuido, dice.
Durante la bonanza de las commodities, en los primeros años del kirchnerismo, el cuadro de situación tuvo atisbos de comenzar a cambiar el rumbo hacia una reformulación de la matriz económica. Sin embargo, la esperanza iba a tener poco alcance. “Después de la crisis de principios de siglo, y hasta 2012, hubo un proceso expansivo en el que se incrementaron las exportaciones, la producción, el valor agregado y el empleo privado de manera significativa. Eso trajo una mejora en el bienestar social. Pero a partir de 2011, la economía provincial, atada a la nacional, entró en un estancamiento general que sigue hasta la actualidad e incluso con profundos retrocesos, como por ejemplo en el empleo privado”, describe Rodríguez ante la consulta de Cicatriz. Y agrega: “Las condiciones estructurales del desvío del excedente hacia el exterior se mantienen en la provincia. Estamos produciendo entre el 4 y el 6 por ciento de los granos y, sin embargo, la molienda sigue siendo ínfima, un 0,5 por ciento. Pasa lo mismo en la ganadería bovina, donde tenemos un stock del 8 por ciento nacional, pero estamos faenando el 3,5 por ciento. Hay una transferencia de excedentes porque no podemos aprovechar nuestra capacidad de integrar la estructura productiva en los rubros que sabemos hacer, que es lo alimentario”. A diferencia de Santa Fe y Córdoba, en Entre Ríos la actividad primaria genera más empleo que la industria, lo que ratifica la vigencia del modelo de primarización. Solo aparece una excepción en la avicultura, a la que el economista califica como una “burguesía provincial más dinámica”, que ha sabido pensar el negocio invirtiendo en toda la cadena de valor.
Termómetro
El conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades del campo por la Resolución 125 reformuló el escenario político. Lo organizó. Puso a las fuerzas políticas y a los sectores sociales de un lado y del otro. A partir de allí hubo trazo grueso para que aquellas expresiones que supieron estar en los contornos de la disputa hoy sean parte de las plataformas competitivas: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Bordet fue reelecto en 2019, en elecciones desdobladas, por una diferencia de 22 puntos sobre Atilio Benedetti. Meses después, producto de un proceso de polarización, Mauricio Macri superó por monedas a Alberto Fernández en esta comarca donde el peronismo venía de cantar victoria por afano. Esa elección nacional terminó pintando de amarillo la Región Centro en un mapa que casi en su mayoría estaba teñido de azul. La remontada de Macri en el territorio provincial, en plena decadencia económica y solo apelando a un discurso confrontativo y de advertencia sobre lo que significaría la vuelta de la ex presidenta, fue suficiente para imponerse en un territorio donde el PJ va a camino a gobernar durante 20 años en forma ininterrumpida.
Lo que se ratificó fue un comportamiento electoral que había comenzado en 2015 cuando las elecciones nacionales y las provinciales fueron el mismo día. Bordet estuvo a punto de perder la gobernación a manos del ruralista de Cambiemos Alfredo De Ángeli. El peronismo retuvo el gobierno por apenas 22 mil votos, pero apareció la primera señal de un fenómeno que se repetiría y es la performance de un voto conservador más allá de lo partidario. En resumen: hubo un electorado importante compartido entre Macri y Bordet. Eso explica, en parte, que los hombres más importantes de la política entrerriana, el actual gobernador y Rogelio Frigerio, no tengan narrativas disímiles que permitan descifrar dos modelos diferentes. Se trata de dos referentes que se identifican con el mismo partido en frentes diferentes. Otra vez las diferencias parecen encontrarse más en las formas, aunque ambos comparten un mismo objetivo: buscar el centro. Cuando en las calles de Paraná se pintó “Bordet igual Macri”, el gobernador se alzó con casi el 58 por ciento de los votos en una elección netamente entrerriana. ¿Se entiende?
Lucio Guberman es consultor y analista político con desarrollo en la zona y docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En una charla con Cicatriz nos dice: “Cuando la Región Centro y Mendoza quedan electoralmente de la forma en que quedaron en 2019, lo que muestra es un electorado que se autopercibe de alta productividad y que se siente vivido por el conurbano bonaerense que no tiene otra cosa que servicios para ofrecer y se sostiene con una impronta subsidiaria en tarifas bajas, por ejemplo. Sienten que están pagando una fiesta, que no es tal, pero opera en ese sentido”. Guberman, integrante de la consultora EcoGo, piensa la constitución del voto agregando otro elemento interesante que es la utilización intensiva del suelo y el fenómeno de la usurpación como factores preponderantes en los corrimientos del electorado hacia un conservadurismo más profundo. “Hay una dirigencia que finalmente termina empujando al electorado a ese lugar porque le queda más cómodo”, opina. El especialista propone un trabajo del sociólogo Martín Plot, El kitsch político, que plantea tres categorías: la política ideológica, donde el autor estudia a George Bush, “a quien no le importa qué dicen las encuestas, por eso decidió llevar a Estados Unidos a la guerra contra el ‘eje del mal’, aunque no haya sido una decisión popular, porque la popularidad llegaría después”, explica Guberman, y sigue con la enumeración: “La política de contar narices, que se maneja por encuestas y es un poco lo que sucede en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde la dirigencia no toma riesgos, lee los trabajos de opinión pública y gobierna; y la política de la convicción, en la que los políticos discuten con la gente desde su lugar y van llegando a acuerdos desde la mismidad. Esa es la que estaría faltando en las provincias de las que estamos hablando”, detalla el analista.
Recalculando
La construcción de la represa de Salto Grande implicó que, a principios de 1979, unas 78 mil hectáreas quedaran cubiertas por el agua. La ciudad de Federación quedó sumergida bajo el río Uruguay, mientras que otras localidades ribereñas, como Santa Ana y Concordia, sufrieron consecuencias ambientales. La región perdió esa gran cantidad de hectáreas productivas, dejando de recaudar importantes sumas de dinero en concepto de impuestos.
Aún hoy permanecen incumplidos varios de los postulados previstos en el Convenio de 1946, que dio el puntapié inicial para la construcción de la represa y fueron plasmados en la Ley Número 24.954, sancionada en 1998, sobre el aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande y que contempla la distribución proporcional de los excedentes derivados del complejo. Al momento de dictar el marco regulatorio energético (Ley Número 24.065), se excluyó a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande de la comercialización, distribución y facturación de la energía, reconociéndole tan solo el pago de gastos de conservación y el personal. Los entrerrianos ni siquiera somos consultados cuando se fija el precio de la tarifa de energía eléctrica, lo que debería provocar un descontento generalizado al no cumplirse con la finalidad que se estableció al momento de la construcción de la represa: energía barata y desarrollo regional. La provincia que puso el recurso en desmedro del medio ambiente paga entre dos y tres veces más caro el servicio que un porteño.
Entre Ríos es una de las provincias con el nivel de uso de glifosato más alto en el mundo, según un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La simbología de ese dato quedó registrada en el doloroso documental que convirtió al trabajador rural Fabián Tomasi en un ícono de la nueva barbarie del modelo agroexportador. El hombre falleció a los 47 años, atrapado en su esqueleto, luego de haberse dedicado a rociar plantaciones de soja con herbicidas en la localidad de Basavilbaso, departamento Uruguay.
La provincia tiene 1,7 millones de hectáreas agrícolas, pero se cultivan 2,2 millones de hectáreas, porque hay medio millón de hectáreas donde se realizan dos cultivos por año (trigo-soja). Esto sin contar las extensiones utilizadas para la ganadería y la forestación. El aporte del recurso natural y el impacto ambiental no merecen ningún tipo de regalía, como sí reciben las regiones petroleras que, incluso, hasta llegaron a beneficiarse con los dividendos del fondo de la soja sin producir ese cultivo.
La pandemia fue un escenario para los sectores de la derecha dispuestos a violar las normas en nombre de la rebeldía. Sucedió con las marchas anticuarentena y otros episodios, como el ocurrido en la estancia Casa Nueva, en cercanías de la ciudad de Santa Elena, donde un grupo simpatizante del dirigente social Juan Grabois, y siguiendo las consignas de Dolores Etchevehere, tomó el campo que ella dice que le pertenece en el marco de una larga pelea judicial por la sucesión de su padre. ¿La política de la convicción? La hija rebelde de la familia terrateniente debió salir del campo luego de que un fallo judicial se lo ordenara, mientras que su hermano Luis Miguel, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, no se movió un centímetro cuando la misma justicia dispuso que debía cederle una propiedad a Dolores en una zona acomodada de Paraná. Todo ese conflicto, que se trasmitió casi en cadena nacional con zócalos que hablaban de “usurpación” y “propiedad privada”, tuvo a Bordet y a Frigerio ausentes del debate. Recientemente, en el lugar de los hechos se alzó un monolito en homenaje a la “propiedad privada” a instancias de quienes dicen ser los dueños del campo.
Entre Ríos se abre a un proceso de disputa que encuentra a dos peronistas de centro en dispositivos políticos diferentes. A 20 años de la crisis más profunda de la historia, la provincia ha hecho poco y nada por pensar un modelo que no dependa exclusivamente del país que vemos por televisión.