Los acontecimientos de las últimas semanas le dan claridad, pareciera, a lo que hace un tiempo se visibiliza de manera borrosa: un fin de ciclo, no en el plano electoral, sino en el campo de las ideas. No hay dudas en la dirigencia de las principales coaliciones que gobiernan el país y las provincias que el camino inevitable es un ajuste. “Habrá que tomar medidas dolorosas”. Es la consigna inamovible de Juntos por el Cambio desde el día uno de la gestión de Alberto Fernández, después de haber dejado el Banco Central vacío de reservas y una deuda con el FMI que reventó los criterios conocidos. Pero hoy, el Frente de Todos, lo repite en la mesa de acreedores de la Argentina. Buena parte de ellos con sede en Estados Unidos. “Habrá que tomar medidas dolorosas”.
El agravamiento de la crisis económica se produjo por la interna de la coalición peronista. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional derivó en la eyección del kirchnerismo en lo político, pero no en lo administrativo, convirtiéndose en una especie de oposición “con goce a sueldo”, como se dijo por ahí. La primera analogía que aparece en la historia reciente nos traslada a la implosión de la Alianza. El inicio de siglo presentaba para el país un contexto económico similar en términos de endeudamiento, pero peor aún por la recesión y la desarticulación del tejido social con lo que arrasó el menemismo. La salida de Carlos “Chacho” Álvarez debilitó políticamente a Fernando De la Rúa. Habían llegado juntos, bajo el consenso de que la convertibilidad no se tocaría pese a las advertencias prematuras que habían hecho en soledad algunos dirigentes, como el caso de Rodolfo Terragno.
El Frente de Todos asumió con una deuda de 50.000 millones de dólares. Seguramente el principal escollo para un binomio cuya mentora se había jactado de que su escudería, el kirchnerismo, es “pagadora serial”. El acuerdo con el organismo aparece como el punto de partida del quiebre en el dispositivo electoral que había logrado reunir a todas las vertientes del peronismo para terminar con la experiencia de Mauricio Macri. ¿Cuál fue el consenso con el que llegaron, entonces, además de asumir las riendas del país?
Cuando Néstor Kirchner se hizo cargo del gobierno en 2003, al primero que convocó para darle musculatura a un nuevo progresismo fue a Chacho. Buena parte de lo que había sido el Frepaso se convirtió en una liga dentro del Frente para la Victoria.
La experiencia kirchnerista transitó años de esplendor con buenos precios en las materias primas que exporta el complejo oleaginoso, lo que le permitió distribuir de mejor manera la renta sin tocar la estructura jurídica intacta desde la época de la última dictadura militar. El sistema de exportaciones de granos implica declararlas por adelantado. Algo así como una especie de “dólar futuro”. En 2002 se intentó modificar un artículo neurálgico de la Ley de Granos, lo que terminó con la salida de un ministro. Pero peor, el relato oficial de entonces lo registró de otra manera. El país transitaba las consecuencias de una megadevaluación que había disparado como nunca las superganancias de los sectores exportadores mientras que en el mercado interno arreciaba la recesión, las cuasimonedas y los clubes de trueque. El gobierno de Eduardo Duhalde reinstaló las retenciones a la exportación de granos que habían desaparecido en 1991 para financiar la asistencia social, pero el equipo de Jorge Remes Lenicov, por entonces ministro de Economía, firmó un decreto en el que se anulaba el artículo clave de la Ley de Granos de la dictadura. Hacía saber que “en las actuales condiciones de emergencia por la que atraviesa el país, [el artículo 6° de la Ley de Granos hace que] no sea de efectiva aplicación el régimen de derechos de exportación”, dice textual el Decreto 618/2002. Cinco días después, el mismo gabinete en pleno que había apoyado la medida firmó otro decreto, el 654/2002, cuyo artículo 6 reza: “Derógase el Decreto N° 618 de fecha 16 de abril de 2002, y restitúyese la vigencia del artículo 6° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones”. Al día siguiente, Lenicov renunció. Aún sigue vigente la norma que invita a especular con la liquidación de granos y que tuvo como ideólogo a José Alfredo Martínez de Hoz. La historiografía instaló la idea de que el ministro había llegado al gobierno para hacer “el trabajo sucio” de la devaluación.
Las experiencias continentales que reformularon la distribución del ingreso se agotó en 2008 y en algunos casos sólo quedó a expensas de la creatividad de sus gobernantes. El segundo gobierno de Cristina Kirchner promovió una reforma, quizás la única audaz en todo el proceso kirchnerista, que implicó un cambio estructural en el sistema previsional. Fue cuando estatizó los fondos que tenían las AFJP, que multiplicaban sus capitales en el mundo financiero con los aportes de futuros jubilados. El nuevo paradigma de inversión de esos fondos estatizados iba a incorporar al sistema de seguridad social a millones de pasivos que por vaivenes de los diferentes contextos no habían podido hacer los aportes y diseminar la economía con planes como el Procrear y el derecho a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sucedió en el peor momento político del oficialismo tras la derrota en el Congreso por la resolución 125, de las retenciones móviles. Luego de una elección histórica con una amplia mayoría en el Congreso, el diputado y banquero oficialista, Carlos Heller, presentó un proyecto para dar de baja definitivamente a la Ley de Entidades Financieras, puesta en vigencia durante la dictadura militar. La iniciativa exigía que un 50% de la cartera de préstamos de los bancos debía estar compuesta por créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y líneas hipotecarias. Lo que se conoce como “correlación de fuerzas”, para el oficialismo, eran óptimas. El diputado radical por Entre Ríos, Fabián Rogel, había presentado un proyecto en esa línea. Nada prosperó.
***
El peronismo entrerriano llegará al 10 de diciembre del 2023 con 20 años ininterrumpidos en el gobierno. En las diferentes administraciones se repitieron esquemas de gestión y nombres. Diego Valiero fue ministro de Economía en el período 2003 – 2015, mientras que Hugo Ballay asumió en diciembre de 2015 y seguramente llegará al fin del segundo mandato de Gustavo Bordet. Dos décadas habrán pasado para que en la botonera se hayan sentado solo dos personas.
La continuidad de los economistas, pese al cambio de administraciones debe ser el primer certificado de que la continuidad del modelo no es sólo político, sino económico. Desde el comienzo del Siglo XXI, la provincia solo tuvo un poco de aire financiero con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que devolvió el 15 por ciento de la coparticipación, previamente entregada por ex gobernador Mario Moine, cuando firmó el pacto fiscal de 1992 y cuya restitución comenzó al inicio del gobierno de Macri. Todo lo demás fue administrar con los instrumentos creados de antemano. No se hicieron reformas impositivas ni se crearon herramientas para una distribución más equitativa de la renta. Tampoco existe, en Entre Ríos, una banca provincial que estimule la producción como lo establece la Constitución reformada en 2008.
La sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones que garantiza el 82 por ciento móvil eriza la piel a toda la dirigencia hace años, sin distinción de partidos. Desde el oficialismo se dice que el sistema no da para más así como funciona. Desde la oposición acusan al oficialismo por no hacer nada. Lo cierto es que en todos estos años no se presentó un solo proyecto en la Legislatura al respecto. Ni oficialismo ni oposición. En época de cuarentena, cuando el Estado estuvo obligado a hacer inversiones no previstas, el Poder Ejecutivo promovió la Ley de Emergencia Solidaria, lo que implicó una suba del porcentaje de aportes a la Caja para quienes percibían salarios de más de 75 mil pesos, que solo alcanzó al 11 por ciento de la masa salarial estatal. La norma, que estuvo en vigencia un año, se aprobó bajo la promesa de discutir una reforma que solvente el sistema previsional y achique los desequilibrios. Ni siquiera se ha mencionado.
Los nombres que aparecen en la grilla para encarar las elecciones del año que viene por debajo de las posibles fórmulas para la Gobernación no requieren de presentación. Ya se conocen hace varios años. En el seno del oficialismo se está esperando, como última esperanza ante un escenario aciago, el retorno a sus ciudades de Adrián Fuertes, Juan José Bahillo y José Eduardo Lauritto, a Villaguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, respectivamente, por citar algunos ejemplos. Son quienes más posibilidades tienen en sus comarcas en una lista justicialista. En todos los casos gobernaron en dos oportunidades sus ciudades y fueron legisladores y funcionarios.
La repetición de figuras en la galería de dirigentes, cualquiera sea el partido, ayuda a explicar la falta de ideas novedosas para un escenario que se reedita a la misma velocidad en la que lo hace el mundo.
En 2015, Bordet fue ungido gobernador por apenas un puñado de 22 mil votos ante la figura de Alfredo De Angeli. Una derrota para el peronismo hubiese significado el fin de un ciclo de 12 años, como parecía suceder a nivel nacional. El mandatario transitó su primera gestión con el staff que heredó de su antecesor. Cuatro años después, cuando el proyecto macrista iba camino al aplazo electoral, el mandatario entrerriano se alzó con el score más alto que se conozca en la historia electoral moderna. El oficialismo no mostró caras nuevas pese a la musculatura política que ostentaba su conductor y ratificó el equipo. Sergio Urribarri, en una situación idéntica, aportó poco y nada a las filas del justicialismo durante sus mandatos y con la suma del poder político. Ni nombres ni reformas.
Dos episodios recientes quizás sirvan para advertir dónde está la picardía política, la cortita, en la actualidad. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que garantiza por 50 años la asignación específica de fondos para el cine, el teatro y las bibliotecas. Juntos por el Cambio votó en contra. A los pocos días, en un matutino de Gualeguaychú, la diputada opositora Marcela Antola se reunió con representantes de dos bibliotecas para llevarles la tranquilidad de que el reclamo había tenido eco en el Congreso. Sin su voto, claro. El otro hecho refiere al último desfile del 9 de Julio, en la ciudad de La Paz, donde gobierna el radicalismo. La ministra de Salud, Sonia Velázquez, saludó en su muro de Facebook que el intendente Bruno Sarubi haya convocado a desfilar al personal sanitario, lo que generó una notoria emoción, incluso de la funcionaria. La coalición opositora fue perseverante en la crítica a la cuarentena que el gobierno aplicó siguiendo las directrices del sanitarismo. En la jornada patriótica, sin embargo, el homenaje lo hicieron los críticos.
***
Las jornadas del 6 y 7 de abril de 2018 conmovieron a Brasil y presentaron al mundo la imagen del viejo líder que supo publicar en el New York Time esperando que lo vengan a detener. Luiz Inácio Lula da Silva estaba en el frente del sindicato de metalúrgicos acompañado por Guilherme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST); y Manuela D’Avila, del Partido Comunista de Brasil. El ex presidente, al referirse a los jóvenes que no alcanzaban los 40 años, ensayó un acto de trasvasamiento generacional: “Para mí es motivo de orgullo pertenecer a una generación que está en su final viendo nacer a dos jóvenes disputando el derecho de ser presidente de este país”. La escena era tremenda. Un ex mandatario, con todo para volver a asumir el poder, no solo era proscripto sino que esperaba una detención absolutamente arbitraria, como se probó que era. La política quiso que quien enfrente a Jair Bolsonaro ese año fuera Fernando Haddad.
Días después, en San Pablo, Boulos iba a conversar con revista Crisis. “El ciclo progresista en América Latina estuvo marcado, al menos en Brasil, por la conciliación de intereses. Hubo políticas sociales, valorización del salario mínimo, los pobres mejoraron sus condiciones de vida, pero no se combatieron los privilegios esenciales y la estructura del Estado permanece igual. Tampoco los medios de comunicación se democratizaron. No se ha tocado el tema tributario ni se avanzó en la regulación del sistema financiero, términos claves que explican la desigualdad. Sin embargo, fue posible lo que llamamos un gana-gana, es decir ganan los de arriba y también ganan algo los de abajo”. En una entrevista, el año pasado en la publicación número 5 de Jacobin, Boulus iba a insistir con esta idea, la de combinar dos estrategias, la estrategia institucional y la lucha de masas, es decir en la calle: “Si miramos la experiencia de lucha más reciente de la izquierda mundial, encontramos casos que descuidaron la lucha de masas y se dedicaron exclusivamente a la lucha institucional. Ese fue su límite. Aunque en menor medida, también hay experiencias que desacreditaron la institucionalidad como espacio de cambio y disputaron únicamente la lucha de masas y la lucha popular. Su límite fue la incapacidad de traducir políticamente la acumulación social y no lograron efectuar transformaciones sociales más profundas y estructurales”.
En las elecciones de octubre, Lula lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, histórico referente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal organización de la derecha moderada brasileña. El líder petista pareciera volver a enrolarse en el paradigma de “lo posible”. Esa avenida del medio a la que ya no apuntan tanto las fuerzas de la derecha sino la de las izquierdas.
La elección de Cristina Kirchner por Alberto Fernández venía a recuperar aquella ecuación a la que refiere Boulos: amigar al gran capital con los trabajadores. Súper ganancias arriba, distribución y consumo abajo. El gana-gana. La asunción de Sergio Massa, con súper poderes, viene a reformular solo el comando sin correrse del objetivo: no tocar a los de arriba, con la idea de que derrame.
Una encuesta de días interpela a votantes de Macri y Fernández en 2019 sobre dos cuestiones: la aplicación de un salario universal y una reforma laboral “para que se facilite la contratación”. Arriba del 90 por ciento de quienes votaron a Macri se mostraron en contra de la primera y a favor de la segunda. Los de Fernández arriba de un 40 por ciento lo hacen igual que los del fundador del PRO en los dos temas.
En 2015, el kirchnerismo como sector más importante de la coalición peronista, no perdió solo una elección, sino una batalla de sentido. Sin embargo, en los últimos años, el continente pareció retomar el camino de la izquierda. En algunos casos, producto del desastre que generaron las experiencias anteriores que pretendieron instalar modelos neoliberales. Los surgimientos de Gabriel Boric en Chile, producto de una pueblada por el incremento en el servicio del transporte público aplicado por Sebastián Piñera; y el de Gustavo Petro, por la reforma tributaria regresiva de Iván Duque; hacen suponer que las sociedades no están en un proceso de adormecimiento. Fotografía de distintos lugares. La idea de que la historia se vuelve circular. Y la audacia aún se espera.