El teniente coronel Carlos María Zavalla interrumpió su trabajo, tomó algunas pertenencias y abandonó Paraná con destino a Buenos Aires, desde donde lo había llamado minutos antes el ministro del Interior Alberto Teisaire. El contraalmirante lo convocaba para una reunión de carácter urgente y, aunque no le precisó los motivos, por su experiencia seguramente pudo intuir de qué se trataba. Era el último día de agosto de 1944 y su breve misión como interventor militar, que aún no había cumplido cuatro meses, había colmado la paciencia de miles de entrerrianos, llegó a inquietar a las autoridades nacionales y movilizó a sectores de la ciudadanía en su contra.
Mientras Zavalla viajaba a la capital, el vicepresidente Juan Domingo Perón se encontraba reunido con representantes gremiales en su despacho buscando recomponer relaciones tras el impacto negativo que había generado en los trabajadores su discurso de la semana anterior en la Bolsa de Comercio. El ascendente coronel, que quería seducir a los obreros y deshacerse del lastre ultramontano que dañaba la imagen del gobierno, le hizo saber a su entorno que no estaba dispuesto a soportar otro conflicto innecesario.
Del asunto se ocupó personalmente Teisaire, uno de los hombres más cercanos a Perón dentro del gabinete. El contraalmirante estaba al tanto de lo que ocurría en Entre Ríos porque días antes había recibido una carta de Arturo J. Etchevehere en la que le reclamaba su intervención en el conflicto suscitado por la expropiación de El Diario. La misiva se sumaba a otras quejas y pedidos de intervención, como la que elevaron desde las logias masónicas entrerrianas. Las desavenencias entre las autoridades provinciales y nacionales se habían tornado insostenibles.
En Paraná, mientras tanto, se ultimaban detalles para la actividad prevista esa noche en el Club Social, donde el jefe de la Tercera División del Ejército, coronel Ricardo Mendioroz, brindaría una “demostración” a un invitado especial. Se trataba del general cuyano José Humberto Sosa Molina, un militar cercano al vicepresidente que había llegado a la capital entrerriana acompañado por su esposa. Pocos días después, ese hombre que había estado al frente de dos provincias se convertiría en el nuevo interventor federal en Entre Ríos. El destierro político de Zavalla ya estaba sellado.
El fascismo al poder
El teniente coronel retirado Carlos María Zavalla se hizo cargo del Gobierno entrerriano el 3 de abril de 1944, desplazando a Ernesto Ramírez, el primer interventor federal dispuesto luego del golpe, quien no resistió la salida de su hermano Pedro. Había nacido en Paraná en septiembre de 1887 y si bien desarrolló gran parte de su carrera fuera de la provincia, su ascendencia le otorgaba los laureles que nunca buscó obtener por medio de los votos. El flamante interventor era bisnieto del gobernador Pascual Echagüe, hijo del senador provincial de su mismo nombre y miembro de una familia con gravitación en Entre Ríos y Santa Fe, una foja que las autoridades consideraron suficiente para proponerle que se hiciera cargo de los destinos de la provincia. El parentesco entre el histórico gobernador y el interventor federal consta en un documentado trabajo de la investigadora entrerriana María Marta Quinodoz, quien se abocó a la reconstrucción del árbol genealógico de esta tradicional familia del litoral argentino.
Muy pronto, Zavalla le imprimió a su gestión un perfil integrista y antiliberal que no eran una novedad en el panorama ideológico entrerriano, aunque nunca habían escalado tan alto. La actividad de distintos grupos antisemitas se había extendido en la región desde mucho antes de su llegada al poder. Las capitales de Entre Ríos y Santa Fe, además, iban constituyéndose como una importante usina de intelectuales de extrema derecha. En este contexto se formaron algunos de los dirigentes filofascistas que durante la década de 1970 fueron protagonistas del proceso de derechización del tercer peronismo con la creación de la Triple A, la intervención de universidades y la persecución a militantes de izquierda.
“Hubo varias intervenciones buenas. La más formidable fue la que vivió Entre Ríos con el teniente coronel Zavalla, un hombre muy decidido. Fue donde más se hizo sentir la revolución”, diría poco antes de su muerte el dirigente reaccionario Alberto Ottalagano, en una entrevista que se publicó en el libro El peronismo antes del peronismo. En su testimonio se destacan las “luchas” que los nacionalistas católicos llevaban adelante en Paraná y Santa Fe, los tiroteos con comunistas, los asaltos a diarios y los maltratos individuales que burlonamente denominaban “expediciones punitivas”. A pesar de que el accionar de los grupos de ultraderecha había comenzado antes, con la llegada de Zavalla al poder sintieron que gobernaba uno de los suyos.
A nivel nacional, la designación de Gustavo Martínez Zuviría como ministro de Justicia e Instrucción Pública significó una amenaza para liberales, laicos y judíos. Las solicitudes de autorización para el funcionamiento de escuelas judías y certificados para maestros que profesaran la religión fueron suspendidas. Pronto Alberto Baldrich reemplazó a Martínez Zuviría y al frente del Consejo Nacional de Educación se ubicó otro nacionalista católico, José Ignacio Olmedo, cuya línea reaccionaria en materia educativa iba en plena sintonía con los postulados del flamante interventor entrerriano. Los tres serían desplazados de sus cargos entre agosto y septiembre de 1944.
Uno de los primeros enfrentamientos del Gobierno entrerriano fue con la prensa. El 26 de abril, a tres semanas de asumir, el ministro de Gobierno, Benito Raffo Magnasco, convocó a su despacho al director de El Diario, Aníbal S. Vázquez, para advertirle que estaba prohibido hablar de ciertos temas. Los pedidos de explicaciones por vía formal que sobrevinieron a ese encuentro fueron en vano. Menos de un mes después, la noche previa al aniversario de la Revolución de Mayo, el matutino fue clausurado y detuvieron a Vázquez, quien estuvo veinte días privado de su libertad. La situación no podía ser peor para el periodismo entrerriano: La Acción, cuya línea editorial se acercaba un poco más a las nuevas autoridades, sufriría también el peso de la censura.
En paralelo al avance contra la prensa tuvo lugar un duro ataque a los templos masónicos de la provincia. Un grupo de militares irrumpió la noche del 6 de junio en el edificio paranaense ubicado en calle Andrés Pazos, a metros de la Escuela Normal, destruyendo muebles, objetos y documentos de la logia. El Gobierno provincial se proponía realizar una amplia reforma moral con la violencia como principal aliada, identificando a masones, judíos, liberales, comunistas y demócratas dentro del bando enemigo.
El primer paso peronista
El presidente Edelmiro Farrell y Perón estuvieron en la provincia durante el breve mandato de Zavalla. Lo hicieron el sábado 17 de junio, acompañados por una amplia comitiva de funcionarios y tuvieron un importante recibimiento. El barco que había partido la noche anterior desde Buenos Aires atracó en el puerto paranaense, tras lo cual los visitantes realizaron un recorrido en automóviles hacia la Plaza Enrique Carbó, donde se desarrolló un desfile militar. Las actividades continuaron durante todo el día y el secretario de Trabajo y Previsión se permitió llevar adelante una agenda propia que incluyó el encuentro con delegaciones obreras en el comando militar de calle 25 de Mayo. Allí les habló de su proyecto y, sobre todo, de una iniciativa que, desde su punto de vista, tendría particular importancia para Entre Ríos: el Estatuto del Peón. Esa tarde anunció además que se llevaba los petitorios presentados por los gremios, pero que pronto arribarían a Entre Ríos “los equipos formados en la Secretaría, para que se realice dentro de la provincia lo que nosotros estamos haciendo en todo el país, es decir, la revolución en el sentido social”. El discurso completo pronunciado ese día ante “las delegaciones obreras de Paraná” puede encontrarse en el libro El pueblo quiere saber de qué se trata, donde Perón recopiló sus intervenciones más importantes como funcionario.
Por la noche hubo un agasajo en el Club Social, donde representantes de los distintos sectores económicos de la ciudad recibieron al Presidente y a sus acompañantes. Allí Perón resaltó los “gratos recuerdos” que le traía Paraná, donde hizo “sus primeros pasos de oficial”. A la madrugada, el barco regresó a Buenos Aires y Perón, que pronto iba a sumar el cargo de vicepresidente, recién volvería a la capital entrerriana como candidato presidencial en febrero de 1946.
A su regreso, Farrell envió un telegrama a Zavalla e hizo declaraciones a la prensa. Luego de los elogios a la sociedad paranaense que lo había recibido, señaló los problemas de una provincia que “hace años vanamente esperaba la atención preferente del Gobierno nacional”. En esa línea, expresaba: “Los secretarios de Estado que me han acompañado en el viaje traen también en su cartera ministerial no pocas solicitudes de entidades, gremios e instituciones entrerrianas. Todo ello ha de deparar la satisfacción de poder analizar y proceder con justicia para afianzar aún más la evolución progresiva de esa gran provincia”.
Tal vez no lo sospechaba entonces, pero entre las legítimas solicitudes de muchos entrerrianos pronto se incluiría el pedido de renuncia del interventor federal.
La persecución judía
Zavalla emprendió su última batalla en el ámbito educativo, como lo muestran las medidas que tomó horas antes de abandonar el poder. La expulsión de 122 docentes judíos decretada el 31 de agosto no fue la primera decisión de carácter antisemita que adoptó el Poder Ejecutivo entrerriano desde la irrupción de las intervenciones surgidas tras el golpe de 1943, aunque en virtud del escándalo que suscitó y la frágil situación del Gobierno terminaría siendo la última. Mientras el interventor federal mantenía un encuentro en Buenos Aires con Teisaire, en la provincia se daba a conocer esta decisión que iría acompañada por una profunda reforma educativa, que pretendió echar por tierra las “bases fundamentales de la enseñanza laica” y volver a las “verdades divinas” que el régimen liberal “omitiera deliberadamente”.
El 1º de septiembre se presentó formalmente en la Escuela del Centenario de Paraná la Escuela Superior del Magisterio, una institución creada por el Gobierno provincial para avanzar en la formación de maestros acorde a sus principios morales y filosóficos. A cargo del flamante organismo quedó el profesor Hiram Zamboni, quien en su discurso de presentación dejó en claro cuáles eran los nuevos pilares en el ámbito educativo, antagónicos a la “pedagogía positivista y utilitaria” del régimen liberal.
La decidida confrontación de las autoridades con los postulados de la educación laica se extendió en esos días a las páginas del intervenido matutino de la capital entrerriana, que en sus editoriales respaldó las definiciones que habían afectado a cientos de docentes.
Mientras la prensa paranaense pagaba todavía con su silencio los costos de la censura, El Litoral sí se hacía eco de las polémicas decisiones que había adoptado el Gobierno entrerriano. “Con motivo de las versiones sobre cesantías de maestros, entrevistamos a algunos miembros del magisterio y a maestros afectados por la medida, quienes concretaron esas versiones”, señalaba el vespertino santafesino. En esa línea, informaba que se trataba de docentes “con diez y veinte años de servicios y directores de escuelas superiores, destacándose el hecho de tratarse de maestros de origen israelita”. En el mismo artículo se mencionaba que la Federación del Magisterio de Entre Ríos ya había tomado intervención en el asunto enviando una nota a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Al día siguiente, en su edición dominical, la prensa santafesina amplió la información y dio una lista parcial de los profesionales afectados por la medida. Se trataba de Rosa Guerschanick, Paulina Z. de Tolcachier, Clara Z. de Schwarberg, Dora Jaimovich, Emilia R. de Voloschin, Dora G. de Levin, Sofía P. de Jaimovich, Sara G. de Farach, Rebeca J. de Zupillirán, Blanca de Bechinsky, M. Goldstraj, Jacobo Millikovsky, Blanca V. de Tabacoff, Estela Mayer, Perlina Dardich, Margarita V. de Kohan, Milita Konkle, Clara Levacoff y Paulina Presman. Todos ellos tenían entre una y dos décadas de ejercicio de la docencia, y algunos ocupaban cargos jerárquicos en las instituciones en las cuales se desempeñaban, diseminadas a lo largo de los 14 departamentos que había entonces en Entre Ríos.
La sociedad no se quedó de brazos cruzados ante la vergonzosa decisión de las autoridades provinciales. Ese mismo fin de semana, un grupo de ciudadanos hizo circular un petitorio dirigido a Teisaire que fue suscripto por intelectuales, profesionales, universitarios y dirigentes obreros. Allí destacaban el “carácter tolerante” de la Carta Magna, la libertad de cultos que ella consagra y el derecho a la estabilidad que gozan los maestros y empleados públicos provinciales, por lo cual pedían la revocación de las cesantías.
La Federación del Magisterio de Entre Ríos, por su parte, había puesto en conocimiento a Perón de los recientes acontecimientos, al igual que a las autoridades locales de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En un telegrama fechado el 2 de septiembre, los maestros se dirigieron al coronel para que subsanara el complejo panorama provincial.
En medio del tempestuoso clima político que sus propias definiciones habían generado, mientras regresaba a la provincia, el interventor entrerriano buscaba la forma de limpiar su nombre y llegar con su mensaje a las altas autoridades gubernamentales. Para el teniente coronel retirado, sin embargo, ya era tarde: los medios consignaban que las “imputaciones” que le hizo Teisaire tuvieron “honda repercusión en las esferas oficiales” y que la situación habría de tener “profundas derivaciones en las próximas 24 horas”. Transcurría la primera semana de septiembre y Sosa Molina, quien había estado en Paraná recientemente, se preparaba para volver a la ciudad.
Los últimos estertores de Zavalla
Quizás ya sabiendo la inexorable decisión que se aprestaba a tomar el poder central, Zavalla ensayó una última defensa ante el Presidente de la Nación tras el cruce con Teisaire. Lo hizo por medio de una carta pública en la que revelaba que el ministro del Interior le había pedido zanjar las diferencias a través del abandono de su cargo debido a los diversos aspectos “divergentes” que existían entre las administraciones nacional y provincial.
Los principales puntos de conflicto, según señaló el interventor entrerriano, eran cinco: la persecución a masones, la expropiación de usinas eléctricas, la expropiación de El Diario, sus recientes declaraciones públicas a la prensa y “la situación creada por los rumores y acusaciones de que es objeto la gestión gubernativa seguida en esta provincia”. Los dichos periodísticos que el ministro le reprochó, muy posiblemente, eran aquellos referidos a “la falsedad” atribuida por Zavalla a “los rumores que circularon sobre convocatoria a elecciones”. Dicha declaración había motivado horas antes la decisión del poder central de restringir la palabra a los interventores federales, quienes solo podrían hablar de su “gestión administrativa, absteniéndose a cuestiones de política”. Es probable, en virtud de la cercanía de ambos hechos, que haya sido esa la gota que rebalsó el vaso para Teisaire. Por otra parte, se aprecia que la compleja situación local, como revela el último punto de esta enumeración, ya había trascendido el territorio entrerriano y era motivo de comentarios en el resto del país.
El teniente coronel le reconoció a Farrell el derecho a elegir a sus colaboradores, aunque protestó por la decisión y rechazó las imputaciones en su contra: “Los cargos que me han sido formulados por el señor ministro interino del Interior, más que a mi personalidad política transitoria, de todas maneras lesionan el contenido del pronunciamiento militar”, argumentó, buscando escudarse en los escurridizos principios de la Revolución de Junio. Antes de retirarse a descansar el fin de semana, Zavalla se encomendó al “ilustrado criterio” de la máxima autoridad de la coalición militar, a quien tan solo dos meses antes había recibido en la capital entrerriana con todos los honores.
El lunes 4 de septiembre, Perón oficializó lo que ya era un secreto a voces: el Gobierno daba por terminadas las funciones del interventor federal en Entre Ríos para disponer la designación del General de Brigada José Humberto Sosa Molina, que pronto viajaría desde Gualeguaychú hacia Paraná.
Durante la tarde, varios periodistas fueron invitados al Comando de la Tercera División del Ejército y se les entregó el comunicado que anunciaba la novedad. Al día siguiente, ni bien el flamante interventor arribó a la capital entrerriana, se concretó la ceremonia de traspaso de mando. Eran las cinco de la tarde cuando Sosa Molina entró a la Casa Gris junto a una delegación militar y se dirigió al Salón de los Gobernadores, donde lo esperaban diversas autoridades que habían comenzado a llegar desde el mediodía. Saludó con un gesto de reverencia a los presentes, se ubicó detrás de la mesa donde ya estaban Zavalla y el Escribano Mayor y se preparó para asumir sus nuevas funciones. Una gran cruz guiaba desde la punta del atril los movimientos del colmado salón. Cuando el saliente interventor se inclinó para firmar su dimisión, una voz retumbó en el recinto, interrumpiendo el respetuoso y a la vez tenso silencio que se había generado.
–¡Viva el coronel Zavalla! ¡Viva el nacionalismo! –se escuchó desde el público.
Sosa Molina levantó su mirada y reprendió las palabras de apoyo a su antecesor, que dejaba el cargo enfrentado abiertamente con las autoridades nacionales.
–Señores, ruego suprimir toda manifestación –ordenó.
La calma volvió al Salón de los Gobernadores y el acto finalizó con normalidad.
Con el correr de las horas se fueron conociendo las renuncias en el gabinete y los nombres de los nuevos funcionarios. La prensa reflejó durante los días siguientes la satisfacción que había generado el apartamiento de Zavalla y la llegada de un nuevo interventor, que pronto comenzaría a subsanar algunas de las decisiones gubernamentales que habían despertado el rechazo de la sociedad.
Mientras tanto, el mismo día que se produjo el recambio de autoridades en Entre Ríos, la Iglesia Católica salió a sentar postura por la cesantía de los docentes judíos, en momentos en que el nacionalismo antisemita que justificaba esa determinación se hallaba fuertemente identificado con los valores del integrismo católico. Quien se encargó de despegar a la institución de la polémica medida fue el arzobispo de Paraná, Zenobio Lorenzo Guilland. En una breve carta titulada A Todos Nuestros Fieles, el prelado argumentaba que al regresar a la capital provincial después de quince días de ausencia se había enterado “con sumo desagrado” que “se inculpa a la acción de la Iglesia y de sus altas autoridades” por la decisión del interventor federal. Calificó de falsas esas acusaciones y acotó: “Nunca nos hemos ocupado de las cosas que no nos pertenecen. Tenemos bastante con las múltiples tareas de nuestro ministerio pastoral. Ya los judíos saben muy bien cuál ha sido la posición de la Iglesia en todos los tiempos con respecto a ellos. Por tanto no nos queda por el momento otra cosa que declarar sobre este asunto”.
Con Sosa Molina, la provincia entró en una nueva etapa, paralela al sinuoso pero sostenido ascenso político de Perón. Según reconstruye Daniel Lvovich en su trabajo Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, uno de los objetivos fundamentales de la nueva gestión entrerriana fue “poner fin a los excesos antiliberales y antisemitas de su antecesor”, que de acuerdo a su criterio se encuentran entre los más graves de la historia argentina. En esta línea, el historiador derriba algunos preconceptos y señala, en base a fuentes documentales, que desde mediados de 1944 el secretario de Trabajo y Previsión fue convirtiéndose “en uno de los principales interlocutores a los que la DAIA recurría para denunciar las agresiones antisemitas”, recuerda que esta organización tuvo espacios radiofónicos durante el primer gobierno justicialista y sostiene que, a pesar de que muchos funcionarios tenían “actitudes prejuiciosas”, el antisemitismo nunca logró instalarse como una bandera en el movimiento peronista.
Entre las primeras medidas que tomó Sosa Molina estuvo la devolución de El Diario a la sociedad original y la reincorporación paulatina de los docentes judíos cesanteados. Lo primero sucedió a fines de septiembre, cuando la intervención federal llevaba tan solo tres semanas, mientras que lo segundo ocurrió en octubre, en medio de actos de celebración y discursos laudatorios en la prensa hacia las nuevas autoridades. Así, poco a poco, la Entre Ríos reaccionaria fue quedando atrás.