Sábado a la noche. Mayo. 2022. La ciudad de Paraná se mueve al ritmo de un otoño indulgente. María maneja concentrada rumbo al hospital. El hospital es el Materno Infantil San Roque. María es mamá de Lucía, que tiene 16 años y se queda en su casa, comiéndose las uñas.
Ingresa al gigante blanco. Tiene una pregunta y espera respuestas. Se dirige a la mesa de entradas y la lanza, con más convicción que nervios:
–¿Dónde puedo consultar para hacer una interrupción voluntaria de embarazo?
Del otro lado de la ventanilla hay un hombre, un silencio estremecedor y una mirada llena de desprecio: “El tipo me miró como diciendo ‘qué estás preguntando’, me dijo que no sabía, que vaya a preguntar a maternidad”.
María se dirige al lugar que le indicó el hombre. Hay una puerta, sale una mujer y vuelve a formular la pregunta. La expresión de su cara es similar a la del tipo. La respuesta también. “¿Cómo no vas a saber si trabajás acá?”, le refuta María, ya carcomida por la bronca y la impotencia.
Se fue con las manos vacías. A cuestas llevaba la intención de volver, una gran decepción, la misión de contener a su hija y un deseo: que todo haya sido un malentendido.
El lunes a las siete de la mañana encara de nuevo para calle La Paz. Le informan que debe sacar un turno general y esperar. Pasa una hora eterna rodeada de embarazadas, bebés y chiquitos que rondan por el pasillo.
La atienden y hace por tercera vez la misma pregunta: ¿A qué área tengo que ir para averiguar cómo hacer una interrupción voluntaria de embarazo? Y por tercera vez una empleada del hospital la mira torcido: “La chica que se ocupa de ese tema está de vacaciones”, le responde, como queriendo cerrar ahí mismo la conversación. María le señala que debería haber alguien que la reemplace y le exige un turno. “Se puso a buscar en un cuaderno, anotó mi nombre y me dijo que volviera en dos semanas”.
“Me quedé atónita”, describe María. Acepa el turno mientras la empleada la mira con cara de póker, como diciendo “es lo que hay”. Se fue y no volvió.
“Con semejante maltrato y nivel de desinformación, cualquier chica hubiese pegado media vuelta a la primera de cambio”, afirma María, quien se puso al hombro la tarea de averiguar los pasos que se debían dar para que su hija pudiera acceder al derecho de interrumpir su embarazo.
Unos días antes le había dicho que tenía un retraso, juntas hicieron el test de embarazo y dio positivo: “De entrada hablamos de la posibilidad de abortar y empezó una carrera contra el tiempo. Había una ley, pero no sabía bien por dónde arrancar”. El Hospital San Roque, al menos en el caso de María y Lucía, fue una máquina de obstaculizar.
Abrumada por la humillación a la que se sintió expuesta y con las manos vacías, María decide emprender un camino alternativo: “Empecé a buscar otras opciones y di por internet con las socorristas, un grupo de chicas de las que nunca había oído hablar”.
Confiesa que la trataron con tanta amabilidad y le ofrecieron tanta contención que empezó a desconfiar, pero las dudas se disiparon enseguida.
“Las contacté y nos encontramos en la placita del bombero. Yo fui el nexo, pero las protagonistas de esta historia eran mi hija y ellas. Me pidieron que me fuera al banquito de al lado y hablaron con ella para saber si el embarazo había sido producto de una violación y ella no me había contado, para averiguar si ella realmente quería abortar, le explicaron cuáles eran sus derechos, cómo sería el procedimiento y le dijeron que estaban para acompañarla”, relata María.
Dieron el sí y Lucía finalmente pudo acceder a su derecho a abortar, pero María tiene en claro que las cosas se dieron de este modo porque se puso la diez y buscó alternativas por fuera del Estado: “Si mi hija u otra persona se hubiese quedado en el molde con lo que (no) le dijeron en el hospital, probablemente el embarazo habría continuado”, advierte María, quien plantea que “si en el principal hospital de la capital provincial falla el aparato estatal de salud que debe facilitar la intervención, ni me quiero imaginar lo que sucede en ciudades más chicas”.
Odio cultural: “Feminazi, puta”
Lucía iba a un colegio religioso ubicado en el centro de la ciudad, pero también participaba de las marchas que se hicieron para exigir el aborto legal y formaba parte de esa inmensa ola verde que luchó contra viento y marea para que el derecho a abortar sea ley.
Un día fue a la escuela con un pañuelo verde colgado de su mochila, entonces las autoridades convocaron a su madre y le dijeron que “ese trapo” no formaba parte del uniforme y que no podía usarlo más dentro de la institución. Ella les respondió que aceptaba las reglas del juego, pero solicitó que tampoco permitieran que se utilizara el celeste.
La situación desató una furia fuera de sí contra Lucía: “No solo desde la institución, sino también desde sus compañeros y compañeras, que la atacaron de una manera descomunal”, declara María.
La gota que colmó el vaso se dio fuera de la institución: “Un día caminaba con mi hija por la peatonal y sus compañeros se habían juntado en la esquina de McDonald’s. Cuando pasamos por el lugar le gritaron feminazi y puta”, recuerda María. Y el dolor y la bronca vuelven a envolverla.
Inmediatamente Lucía se cambió de colegio y comenzó a asistir a una institución pública: “Ya no tenía nada que hacer ahí, el odio que se respiraba en ese lugar era asfixiante”. “Tengo 52 años y dos hijas que me enseñaron, me sacaron de encima un montón de estructuras estúpidas que tenía incorporadas, me abrieron los ojos y me hicieron crecer en todos los aspectos”, expresa María con un orgullo indisimulable.
Ya el primer día de clases en su nueva escuela se puso en evidencia la diferencia abismal que había entre un tipo de enseñanza y otro: “La primera clase que tuvo fue de ESI (Educación Sexual Integral) y le enseñaron a colocar un preservativo. Ella volvió fascinada y no lo podía creer”.
En el colegio religioso había una asignatura que llevaba el nombre de ESI, pero los contenidos eran nefastos y no tenían nada que ver con el propósito que tiene esta política de Estado: “Por ejemplo, le enseñaban que las mujeres no tenían que consumir alcohol porque se ponían ‘fáciles’, quedaban embarazadas y después andaban pidiendo a gritos por el aborto”, cuenta María con un poquito de vergüenza ajena.
María admite que “va a ser muy difícil que las cosas cambien en el corto plazo, porque no se trata solo de una decisión institucional, sino que hay una gran presión de madres y padres. Hay gente muy retrógrada, para quienes cada derecho implica una amenaza”.
“Ojalá que las cosas cambien porque debe haber un montón de mujeres que atraviesan por la misma situación. Mi hija decidió contarme que estaba embarazada, yo decidí acompañarla para que el proceso fuese lo menos traumático posible, pero sé que hay muchas chicas que están solas y si en un hospital público les cierran las puertas, es probable que peguen la vuelta y continúen con su embarazo”, afirma María.
“A las amigas de mi hija siempre les digo que tienen abiertas las puertas de mi casa, que acá tienen una oreja si necesitan hablar. Creo que no hay peor cosa que estar sola”, expresa, convencida de que cada quien, desde su pequeño espacio, tiene la obligación de abrir las puertas que el Estado todavía no es capaz de abrir.
Tres mujeres que dan batalla
Lucy Grimalt está a cargo del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos y cuenta cómo operó el nuevo marco legal que impuso la Ley Número 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, entre quienes integran los equipos de salud.
Afirma que los efectos de la ley “son bien visibles” y que se trata de una política pública que sirve como ordenador hacia el interior de los equipos de salud para vencer muchas resistencias que, si bien siguen estando, no cuentan con la fuerza que tenían antes de la sanción de la ley.
En la provincia ya había una base de efectores de salud que garantizaba la interrupción del embarazo por las causas que establece el Código Penal (violación o riesgo de vida de la mujer), pero a partir de enero de 2021 “se comenzó a trabajar en la consolidación institucional de los equipos de salud para que deje de ser un servicio paria y se integre a las distintas prestaciones que se ofrecen”.
Dijo que de los 318 efectores de salud que hay en el territorio entrerriano, en 36 se está garantizando la Ley Número 27.610. Los números reflejan que hay un camino recorrido, pero que todavía queda mucho por hacer. Grimalt lo reconoce y sostiene que todos los días trabajan para lograr “la institucionalización de la práctica” en el sistema público sanitario.
“Tal vez esté equivocada, pero creo que las cosas no se imponen por la fuerza: estamos hablando de aborto y sigue instalada la cultura del miedo, la estigmatización, el poner en duda la palabra de la mujer y su decisión autónoma sobre su cuerpo. En este marco, debemos seguir sosteniendo las instancias de capacitación. Uno de los caminos es la designación de una persona para que se desempeñe en cada centro de salud, que vaya transitando el recorrido que implica sacarles los prejuicios y los miedos a los profesionales y conforme un equipo que garantice el cumplimiento de la ley”, considera.
Grimalt explica que la vía más segura para acceder a un turno es llamando al 0800-222-3444, que es una línea nacional gratuita que responde toda consulta vinculada a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Atiende una operadora que hace las preguntas pertinentes para poder orientar a quien llama, transmite la información a las provincias y éstas se ponen en contacto con quien busca interrumpir el embarazo y brinda las herramientas para garantizarlo.
La funcionaria aporta cifras que tiran por la borda una idea instalada: “Los datos del año pasado indican en la provincia que se realizaron alrededor de 1.700 abortos, de los cuales el 94 por ciento se hicieron durante el primer trimestre de embarazo y solo un 10 por ciento a adolescentes. La mayor parte de quienes decidieron abortar tienen entre 20 y 35 años y muchas ya tenían hijos e hijas, lo cual desmitifica aquello de que las pibas van corriendo a hacerse abortos”.
Se llama Luz Omar e integra en Paraná Socorristas en Red, una red federal que desde hace más de 10 años acompaña, contiene y brinda información a personas que preguntan cómo interrumpir un embarazo inviable para ese momento de sus vidas. En Entre Ríos, en estos momentos, la red está integrada por siete personas.
Luz realiza un análisis del impacto que tuvo la ley, da un panorama de lo que falta por hacer y pone sobre la mesa los desafíos: “La ley es un piso de posibilidades”, asegura. Dice que en muchos casos se garantizan abortos, pero que no son de calidad. Es que un 20 por ciento sucede en el segundo trimestre de gestación y requiere de una intervención médica: “En estos casos sigue habiendo una mirada de perfil netamente biomédico con respecto a la práctica y se deja de lado el aspecto emocional”.
Laura Garófalo es trabajadora social y forma parte del Equipo Interdisciplinario de Consejería en Opciones de Accesibilidad a Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Salud Ramón Carrillo, ubicado en la zona sudoeste de Paraná.
Cuenta la labor que desarrollan en ese efector de salud y plantea que quedan muchos desafíos por delante: “Después de la ley hubo un montón de cambios significativos, aunque hay personas que no están de acuerdo, son obstaculizadoras e intentan imponer su postura”.
El equipo del Carrillo está integrado por obstetras, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, administrativas, profesionales de la psicología y de la ginecología y trabaja en articulación con otros centros de salud.
Sostiene que tras la implementación de la ley se amplió el rango etario de quienes consultan: va de los 16 hasta los 32 años, aproximadamente, y asegura que acompañan un promedio de siete situaciones por semana: asesoramiento telefónico, primera consulta, proceso de interrupción y acompañamiento durante el post-aborto.
Profesionales antiderechos
Desde que se aprobó la ley hubo un notable aumento de las consultas en los centros de salud y hospitales públicos, y si bien las capacitaciones que brinda el Estado han despejado el terreno, sigue habiendo una fuerte presencia de profesionales antiderechos que constituyen un freno a la posibilidad de abortar.
Luz Omar asegura que, a pesar de la legislación, los sectores “provida” siguen teniendo presencia y poder de decisión: “Lamentablemente están, existen, se organizan y siguen poniendo obstáculos donde y como pueden”.
Asevera que “hay casos de profesionales que hasta han mentido en un diagnóstico con tal de que una persona no interrumpa el embarazo e incluso hacen escuchar los latidos del corazón durante una ecografía o niegan información”. No terminan de transparentar su objeción de conciencia y tampoco garantizan las derivaciones de manera honesta para que la persona sea atendida por otro profesional, como establece la ley. Denuncia que “el complot de la corporación médica” habilita estas prácticas.
A su vez, están surgiendo líneas telefónicas y otras vías de difusión de información falsa: “Tienen páginas web en las que se refieren a embarazos no deseados, captan a la persona que quiere abortar, toman contacto con ella y emplean mecanismos para impedir que lo haga”, advierte.
En este sentido, considera que las capacitaciones dirigidas al personal de los efectores públicos son “cruciales” y afirma que “se debe priorizar la mirada con un perfil de derechos humanos, no seguir alimentando una relación de poder ni tomar a la paciente solo como objeto de una práctica médica”.
“Falta una política de comunicación para que la información llegue. Hubo voluntad política para aprobar la ley, pero hay falencias a la hora de garantizar el derecho a abortar”, enfatiza Luz Omar.
Lucy Grimalt es funcionaria y admite que hay sectores reaccionarios en el personal de la salud y que varias de las denuncias llegan a través del 0800: “En estos casos, nos comunicamos con el director o directora, le planteamos lo sucedido y tratamos de entablar un diálogo para que se modifique la situación. Nos orientamos a sensibilizar y capacitar, pero frente al hecho concreto de una vulneración de derechos, tomamos medidas” y agregó: “Seguimos atravesados por una cultura que se apropia de la sexualidad y de las decisiones de las mujeres. Y a eso hay que deconstruirlo, pero hay que hacerlo con inteligencia. Estamos yendo por ese camino”.
Laura Garófalo coincide en el diagnóstico y ratifica que “hay profesionales que ponen resistencias y terminan haciendo que muchas mujeres modifiquen su voluntad de interrumpir el embarazo: les retacean información, les meten miedo sobre las consecuencias de hacerse un aborto e incluso dicen abiertamente ‘no abortes, tenelo y dámelo a mí”.
Entre los desafíos, Grimalt menciona la necesidad de que en todas las localidades haya al menos un equipo que realice consejería: que reciba a la persona gestante, la oriente, le brinde detalles sobre el procedimiento y una asesoría anticonceptiva para evitar un nuevo embarazo no deseado. Y en caso de que no haya profesionales capacitados, que provean información clara sobre dónde acudir.
Luz Omar considera que una de las materias pendientes es “tratar de reducir la desigualdad que existe entre quienes viven en ciudades grandes y quienes lo hacen en localidades más pequeñas: “Hay que ir tejiendo redes. Con el Ministerio de Salud estamos caminando en el mismo sentido y articulamos todo el tiempo porque así entendemos la ley. Más allá de algunas críticas que podamos tener, sabemos que es con las instituciones de salud con las que hay que construir y garantizar la ley”, asegura.
En tanto, Garófalo considera que uno de los mayores desafíos es la aplicación real de la ESI en las escuelas: “El CGE (Consejo General de Educación) no ha podido garantizar que en todos los establecimientos escolares haya una implementación real de la ESI con personas formadas desde una lógica de los derechos humanos y la diversidad”.
Las socorristas siguen en vigencia
A pesar de la legalización, no disminuyó la cantidad de llamados a la red que nuclea a las socorristas: “No bajamos el número. El año pasado acompañamos a alrededor de 250 personas y el año anterior había sido igual”. Ni la ley ni la pandemia torcieron el rumbo.
Luz Omar lo atribuye a “la burocracia que supone ir al sistema de salud” y revela que debido a las trabas que muchas veces se imponen en el ámbito público, las pibas deciden elegir esta alternativa: “Algunas de las personas que nos llaman habían ido primero a un hospital”.
Por su parte, Lucy Grimalt sostiene: “Si a las socorristas no les disminuyó el número de consultas, puedo decir que en el sistema público de salud sí hubo un aumento exponencial. Lo importante es que podemos trabajar de manera articulada, el Estado y ellas, para garantizar que esta política pública llegue a todas las personas gestantes”.
El aborto legal es producto del activismo comprometido de miles y de la lucha sostenida de millones. Hay una ley y voluntad política, pero también hay puertas que continúan cerradas y pibas que se quedan afuera, solas, desamparadas, rotas.