Ricardo Álvarez se reclina en el sillón, abre las piernas, arquea las cejas, se lleva las manos al mentón y suspira. Es una respiración lenta. La respuesta que va a dar parece haberla pensado muchas veces y mucho antes de esta entrevista:
–Somos caros y no tenemos demasiada eficiencia en relación con ese coste –suelta finalmente el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, con las palmas hacia arriba acompañando el movimiento de sus labios.
El diagnóstico no es antojadizo; contiene implícitamente una autocrítica sobre el desempeño del Poder Judicial y su aspiración de proveer justicia, considerando tal cosa en el sentido filosófico de dar a cada uno lo suyo.
–¿Qué características debería reunir un magistrado? ¿Debe ser alguien virtuoso en términos éticos y morales, además de sus conocimientos, o debe ser alguien que solo aplica el Derecho para la resolución de conflictos?
La pregunta esta vez sí parece sorprenderle; entonces deja en el apoyabrazos del sillón los anteojos que antes tenía en la mano, por un momento reflexiona, se encoge de hombros y ensaya una respuesta:
–Creo que hay una integralidad. Me parece que es bueno, a partir de una construcción teórica, que discrimine según roles y asignaciones sociales el papel que cada quien debe representar. Pero no creo que se pueda ser un buen fiscal o un buen juez y ser un cretino con los animales de mi vecino o con el vecino mismo. Tampoco creo que quienes tenemos el privilegio de ocupar cargos institucionales de relevancia debamos ser sujetos distintos; al contrario, me parece que debemos ser ciudadanos comunes y eso ya nos garantiza que vamos a tener una percepción de la comunidad más ajustada a la realidad. Por supuesto que debe conocer el Derecho, no podría negarlo porque además me he encargado de formar juristas, de manera que no podría recelar de esa exigencia. Pero es muy difícil hacer una escisión de ese latiguillo que se decía antiguamente de que los jueces deben de ser probos, buenas personas y, si saben Derecho, mejor. Entonces, de toda esta síntesis, digamos que el juez tiene que ser un ciudadano común, sin veleidad alguna ni debe ser un personaje populachero; tiene que ser discreto, serio, responsable, íntegro y saber Derecho. Nada de todo eso garantiza que el producto final sea un buen juez o un buen fiscal, pero sí constituye un presupuesto en el que uno puede presumir que el producto va a ser razonablemente bueno.
Señor fiscal
Ricardo Carlos María Álvarez, 63 años, nacido en Villaguay, camina precedido por un currículum que apabulla: es abogado, especialista en Criminología y en Derecho Penal; egresó de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1984, aunque había iniciado su carrera judicial un par de años antes, mientras avanzaba en la carrera, como auxiliar en la fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; el mismo lugar donde luego fue relator, prosecretario administrativo y secretario; y fue el primer secretario del Tribunal Oral Federal de Paraná, a partir 1993.
Cerró el círculo con su vuelta como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, incluso a la misma oficina.
Ningún medio cubrió el acto de jura y a poco estuvo de perdérselo el entonces procurador general, Nicolás Becerra, que debió transitar entre piquetes y calles cortadas el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de Paraná, aquel día trágico del 20 de diciembre de 2001, mientras miles de personas se movilizaban bajo la consigna “que se vayan todos”.
Paralelamente construyó una carrera docente, primero como ayudante de cátedra de Enrique García Vitor; y luego ya como profesor titular de Derecho Penal en carreras de grado y posgrado (“la docencia es un momento catártico donde uno se reconcilia con el Derecho”, dirá sobre ello); también es consejero directivo de la UNL, integró el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y fue miembro del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre una larga lista de etcéteras.
Álvarez conoce el sistema judicial por dentro. Ingresó por necesidad pero también por convicción y hoy, cuatro décadas después, es un descreído de aquel ideal de justicia que tenía antaño, tal vez porque le haya tocado ver, y no pocas veces, que la ley no siempre funciona como un medio para hacer justicia.
Acostumbrado a lidiar con expedientes complejos, algunos de ellos con chispazos mediáticos, ha construido de sí mismo una imagen de tipo hosco, cuyos rastros se eternizan en un lenguaje docto, tan ajeno a la chabacanería como alejado de las definiciones en latín o alemán.
Algunos que lo han enfrentado –en los tribunales, claro– lo reconocen como un rival durísimo y un polemista empedernido, pero aclaran, como un elogio, que “no utiliza prácticas reñidas con el respeto al derecho de defensa”.
–¿Es tan distinto este Poder Judicial de aquel que había cuando usted ingresó, quitando lo obvio?
–Para responder eso debo decir que los cambios siempre tienen que ver con la posición biográfica del que es sometido a esa evaluación. Yo no era el mismo que soy hoy; en ese momento era un joven de 22 años y ahora soy alguien ya en fuga, por así decir, en fuga institucional me refiero. Pero la mirada que tenía aquel joven inevitablemente está cruzada por la expectativa que cada quien puede concederle a esa propia condición etaria. Tenía una confianza propia de cualquier joven de aquellos años en el Derecho, en lo que se podía aportar y en transformar desde nuestro pequeño lugar ciertas prácticas sociales. El tiempo después hace de las suyas, trae consigo satisfacciones y frustraciones; y entre aquel tiempo y el de hoy hay un espacio lo suficientemente amplio como para que jueguen muchas de estas emociones y se conjuguen con preeminencia algunas con respecto a otras. Hoy tengo una valoración mucho más objetiva de lo que debe esperarse del Derecho, pero también un poco más pesimista en relación con aquel primer momento porque hoy, además, a diferencia de lo que fue aquel tiempo, yo enseño también el Derecho.
–¿Debo inferir que ya no cree tanto en el Derecho?
–No es que no crea tanto en el Derecho como momento institucional para recrear desde un lugar presuntamente objetivo la relación que debe darse entre las personas o con las instituciones, pero sí tengo mucha menos fe que la que tenía en aquellos años. El Derecho es un momento de poder. Hay un autor que señala que hay una indeterminación radical en el Derecho, pese a que vale como instancia indispensable para poder pensar y concebir una sociedad organizada.
Quien escriba su nombre en Google encontrará poco en la red. Nada dirá, por ejemplo, que este Álvarez es el mismo “Sr. Fiscal General solicita desarchivo de causas que tramitaron por Art. 10 Ley 23.049”, el expediente que luego sería conocido como Área Paraná, la megacausa que concentró la mayor cantidad de denuncias por los crímenes cometidos por la dictadura en Entre Ríos. Es el mismo pero es otro, como él mismo se reconoce.
“Había durante la transición democrática un entusiasmo militante, dicho esto en el sentido jurídico, de un joven que percibía desde su lugar la reelaboración de aquellos años duros por primera vez”, admite este Álvarez, el de 2023, sobre aquel. “El verdadero gestor de esa reconstrucción histórica que había que emprender, y que hoy parece medianamente lograda, fue Juan Varisco Bonaparte, el secretario de la Fiscalía General, a quien todavía no se le ha dedicado el reconocimiento debido. Gabriel Chausovsky fue otro de los personajes centrales de esa reconstrucción porque tuvo la osadía y esa suerte de semblante provocativo muy a tono con un perfil de juez que a mí me gusta mucho de decir que no a las leyes de obediencia debida y punto final y lo hizo con fundamentos jurídicos muy serios, muy profundos”, evoca.
El desarchivo de las causas, instado en diciembre de 2003, abrió la puerta al juzgamiento de los represores de la dictadura. “Todo lo que había ocurrido, y que implicó desembarazarnos del pasado en nombre del Derecho, felizmente se plasmó en una ley que tiene muy pocas palabras, pero las suficientes: declarar la nulidad… El título que tuvo esa causa durante muchos años, ‘Sr. Fiscal General solicita desarchivo…’, plantea la revisión de un nuevo ciclo con el mismo objetivo, porque supone desarchivar lo que injustamente había quedado en el archivo; y eso renovó el entusiasmo”, sostiene ahora.
Ser o no ser
–En el año 2003, en su primer mensaje por cadena nacional, Néstor Kirchner pidió al Congreso activar el juicio político a la Corte Suprema de la mayoría automática y dijo: “Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de serlo. Es escandaloso que intenten tomar de rehén a la gobernabilidad”. ¿Cómo analiza los 20 años que han pasado desde que esa frase fue dicha?
–Surgen dos o tres aspectos vinculados en esa presentación porque una cosa es la Justicia Federal y otra cosa es la Corte Suprema, aunque esos componentes parezcan inescindibles. La Corte Suprema que sucediera aquella vergonzosa evocación de una mayoría automática fue buena. Estoy pensando en Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni y quienes los acompañaron en un momento que dio lugar un ciclo histórico de reconfianza en las instituciones, porque a cambio de aquellos que validaban de una manera irreflexiva las decisiones del poder, esa nueva Corte Suprema conocía el Derecho y demostró decidir incluso a despecho de las decisiones políticas de quien los había propuesto, de modo que como colectivo institucional fue una Corte Suprema de la cual uno podía sentirse orgulloso.
–Debo decir que ha corrido mucha agua desde entonces hasta hoy.
–Los avatares de una historia tan agitada como la nuestra, cruzada por desencuentros, nos llevan hoy a un momento crítico de la Corte Suprema, con independencia de cómo valoremos a quienes hoy la integran. En lo personal, no tengo dudas de la versación jurídica y de la capacidad de (Horacio) Rosatti, (Ricardo) Lorenzetti, (Carlos) Rosenkrantz y (Juan Carlos) Maqueda; pero su desempeño y la valoración de ese desempeño están cruzados por coordenadas sociopolíticas temporales. No es lo mismo haber integrado la Corte Suprema a comienzos de la década de 1980 que hacerlo hoy porque la realidad a la que deben asistir los magistrados está cruzada también por complejidades que no se dejan capturar de una manera muy sencilla. Estoy diciendo muy poco porque en realidad no quiero abrir juicio sobre el sentido de las coordenadas sociopolíticas que cruzan hoy a la Corte Suprema en su relación con el poder político.
–Lo planteaba en estos términos: uno referencia a la Corte Suprema como la imagen del Poder Judicial y hoy esa imagen está deteriorada a los ojos de la sociedad, y con fundadas razones.
–Coincido con eso.
–La pregunta entonces sería si la imagen del Poder Judicial se ha deteriorado con el tiempo o si en realidad lo que ha cambiado es la percepción que la sociedad tiene respecto del Poder Judicial.
–No hemos dicho algo que podría aportar un punto de valoración y que nos debería guiar para saber si esto ocurrió siempre o si está sucediendo ahora. Nos hemos olvidado de las redes sociales, nos hemos olvidado de la autogestión y la comunicación disponible para cada quien de una manera absolutamente sencilla y urgente y que tiene en cuenta el pulso diario de lo que sucede y, de su mano, de la valoración misma de lo que está aconteciendo, dejando de lado el papel de los medios masivos de comunicación. Eso también es gravitante a través de lo que hemos calificado como la opinión publicada, que ya no es tan pública. Los medios de comunicación han permitido que la gente pueda, con todos los riesgos que esto implica, hacer una valoración acerca del modo en que se percibe como destinatario del servicio judicial. Y la verdad es que el Poder Judicial no ha hecho todavía una autocrítica. Por ejemplo, una justicia más cerca de la gente o una justicia menos costosa; somos caros y no tenemos demasiada eficiencia en relación con ese coste, en sentido vulgar y en sentido conceptual… Aunque fuésemos buenos o, por lo menos, si respondiéramos a un estándar de bondad institucional deseable seguiríamos siendo caros porque el costo se mide en función de parámetros distributivos de riqueza, y la verdad es que no quiero mostrarme como alguien sensible a la demagogia o a la valoración superficial de la cuestión, pero si un salario mínimo hoy está tabulado en 105 mil pesos, la valoración que se pueda obtener acerca del costo de un magistrado asoma como muy clara: somos caros y eso subsistiría aun cuando nuestro rendimiento fuera el deseable.
Justicia política
La Procuración General de la Nación no es ajena a ese proceso de deterioro institucional. En los últimos años podría decirse que se ha convertido en un lugar agreste, cuasi salvaje. Álvarez vivió contrariado y con pesar la escandalosa salida de Esteban Righi, de quien se reconoce como amigo personal y discípulo, y a quien siempre nombra por el apodo con el que lo llamaban los más cercanos.
El semblante se le transforma cuando habla de Righi: “Aprendí mucho de Bebe; aprendí del hombre de la política, del hombre de la academia y del hombre de la función pública. Fue alguien que conjugó esas cualidades de una manera tan armónica que su alejamiento de la Procuración fue uno de los golpes más duros para la institución, y también para mí”.
A la salida de Righi le siguió el fallido intento por nombrar en su reemplazo a Daniel Reposo, que venía flojo de papeles y estrelló su destino cuando se descubrió que había fraguado su currículum. Le sobrevino Alejandra Gils Carbó (a quien Álvarez reconoce por su reivindicación hacia las personas más vulnerables y por la relevancia que tuvo, en ese sentido, la apertura de las agencias territoriales de acceso a la justicia en barrios vulnerables; aunque admite que no tenía con ella una compatibilidad ideológica), quien permaneció hasta que el macrismo forzó su renuncia en medio de presiones y amenazas; luego el gobierno amarillo naufragó en sus intenciones de nombrar a Inés Weinberg de Roca, lo que derivó en el interinato que se ha vuelto permanente de Eduardo Casal (“no ha elegido estar allí; a veces su presencia es recusada, pero él no eligió estar en ese lugar, sino que está cubriendo un problema de la política”, dirá sobre el jefe de los fiscales nacionales). Fracasó también el actual gobierno en su intento por designar a Daniel Rafecas, alguien que pudo haber sido, a criterio de Álvarez, “un buen procurador porque responde a ese esquema de sucesión con gente de la academia, que tiene experiencia, independencia y honestidad”.
Esas miserias lo llevaron, no hace mucho tiempo, a pensar en el retiro. De ahí la expresión según la cual se siente “alguien en fuga”, en fuga institucional, claro. Eso y algunas circunstancias personales (“haber sido abuelo el año pasado planteó para mi vida un matiz biográfico inexplicable”, cuenta). Sin embargo, prontamente recobró energías y aquí está, según dice, disfrutando nuevamente de su trabajo y sin ponerle fecha a su jubilación.
–¿Qué ha pasado en los últimos años para que hoy estemos en un escenario en el que la política resuelve sus conflictos por la vía judicial y, como una contracara, la justicia se haya politizado?
–Hay de todo un poco. Se puede ver tanto desde esa mirada, de la judicialización de la política, como su aparente reverso, digo aparente porque en el fondo se trata de dos caras de una misma moneda. ¿Qué puedo decir acerca de eso sin tener una visión acabada sobre el punto? A mí me gusta que la justicia sea tan independiente como que se atreva a inferirse en el modo en que nuestros funcionarios llevan adelante la gestión pública y, fundamentalmente, que lo hagan sustraídos de la corrupción. Eso me parece no solo saludable sino exigible: una administración de justicia que sepa honrar su encomienda sometiendo al Derecho, no a su corporación sino al Derecho, al poder político. Ahora, dicho esto, también me parece que es bueno hacerlo en todos los casos, no seleccionar ni hacerlo de manera oportunista. Por otra parte, también me parece que esa relación de tensión entre la justicia y la política se da siempre dentro de una parcela determinada del Derecho, que es el Derecho Penal. Lo que llama la atención es el Derecho Penal, por su elasticidad y por las posibilidades de sus consecuencias. Eso no se verifica en el ámbito del Derecho administrativo o del Derecho privado. De manera que no se puede negar que el sistema de realización judicial también forma parte de la política en el sentido amplio, de hecho se habla una política criminal, tímidamente, como diciendo “es política, pero no partidaria sino criminal”; política en el sentido de una toma de postura valorativa acerca de la cosa pública. Ahora, si esa forma de hacer política se convierte, por acción u omisión, en partidocrática, es algo deleznable. Lo que sí me parece es que tenemos que acostumbrarnos a apostar, y esto es un mensaje dirigido más a la clase política que al sistema judicial, a que la clase política reconozca que su gestión, en la medida en que eso no implique inmiscuirse en modelos de intervención particular, tiene que estar expuesta a los tribunales como una instancia de rendición de cuentas a la ciudadanía. No hay ninguna razón para que un político no cruce a tribunales a rendir cuentas. La determinación de cuáles son los ámbitos que delinean lo políticamente no judicial, como se dice, de aquello que lo es, puede ser sutil, pero hay que encargarse de encarar este esquema; que se deje gobernar a condición de que el modo de hacerlo no esté reñido con las exigencias del Derecho.
–También existe la utilización del Poder Judicial para hacer política, es decir, llevar al adversario político a los tribunales.
–Eso es negativo porque eso ya es no solamente utilizar el sistema judicial como ariete o como vehículo malversado de su propia actividad como operador del Derecho, sino que también detrás de esto suele haber prácticas selectivas. Esa es una práctica que hay que erradicar definitivamente.
–Ese es un problema tanto del Poder Judicial como de la política.
–Por supuesto. El Poder Judicial lo puede hacer porque cuenta con el conocimiento del poder político, y viceversa. Esas son prácticas malsanas que hay que erradicar. Me parece que la aspiración institucional para las generaciones que se encarguen de ocupar nuestro espacio en el futuro tiene que ver con la transparencia, pero no una transparencia retórica sino una transparencia que implique decir que no, decir que sí o intervenir esté quien esté del otro lado. Pero eso debe sincerarse socialmente, y las instituciones que nuclean a los operadores del servicio judicial también deberían ser capaces de entrenar a sus asociados en la necesidad de erradicar prácticas selectivas de politización del Poder Judicial.