La historia de una represa que lo cambió todo

La construcción de la faraónica represa hidroeléctrica de Salto Grande, la primera binacional del país, lo cambió todo para siempre. Dos ciudades atravesadas por su historia y un alto costo social que todavía se cuestiona. El origen de un proyecto faraónico, el rol de las dictaduras, la trama de muertes que golpea a quienes trabajaron en el complejo y una pregunta: ¿cuándo llegarán los beneficios para la ciudadanía?

Por: Laura Terenzano

La historia de la represa de Salto Grande es quizás una de las más dramáticas de los últimos tiempos en la Argentina. Con condimentos clásicos de la literatura, tiene drama, amores, tristezas, muertes, desilusiones, luchas y también capítulos con finales felices. La trama es una sin igual: fue una obra de dimensiones inéditas que unió para siempre a la Argentina con la República Oriental del Uruguay. Las ciudades de Concordia y Salto se saludan desde la orilla, una a cada lado del río, con la majestuosa represa atestiguando esa unión que comenzó tiempo atrás.

Esta historia, y por sobre todas las cosas, también atraviesa generaciones, se reedita, se actualiza, se cuenta, se lee y se escucha; nunca se acaba y deja nuevos capítulos por escribir. Es una historia de amor, como no hay otro igual, sobre la margen del río Uruguay.

Todo comenzó hace 77 años, cuando en 1946 los gobiernos de Juan Domingo Perón y Tomas Berreta firmaron el convenio mediante el cual Argentina y Uruguay se pusieron de acuerdo para hacer un aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. Ese acuerdo alumbró la primera represa hidroeléctrica binacional del país y se convirtió en el primer aprovechamiento hidráulico binacional de uso múltiple en Latinoamérica. Ahí empezaron a escribirse los primeros renglones de la trama.

La finalidad de ese documento, tal como figura en su letra original, era la obtención del mayor beneficio de las disposiciones naturales que ofrece el río Uruguay, en la zona de Salto Grande, para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países; y, con el fin de mejorar la navegabilidad, aprovechar sus aguas para la producción de energía y facilitar la vinculación de las comunicaciones terrestres.

Ese mismo año se conformó la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, integrada por igual número de delegados de ambos países; y comenzó el trabajo de investigación. Sin embargo, todavía quedaban muchos problemas por resolver: estudiar el comportamiento del río, elegir el lugar más apropiado para construir la presa, diseñar la obra, decidir dónde comprar las maquinarias y encontrar recursos para pagar el costo de un proyecto semejante, entre otras cosas.

La obra se inició en 1974 y cinco años después comenzó a generar electricidad. Las 14 unidades hidrogeneradoras terminaron de instalarse el 27 de mayo de 1983. La vertiginosidad de los avances mostró claramente la decisión política y financiera que tenían los gobiernos de la época de avanzar con esta megaobra.

La seguidilla de represas construidas en aquel entonces evidencia una política de Estado que se tradujo en que luego se construyera otro complejo hidroeléctrico binacional, la represa de Yacyretá, sobre el río Paraná, que la Argentina comparte con la República del Paraguay. La primera de esta tanda fue El Chocón, inaugurada en 1973 en la provincia de Neuquén y construida por el mismo consorcio de empresas que luego tendría a su cargo las obras de Salto Grande y Yacyretá, entre otras, trasladando el know-how desde la Patagonia hacia arriba en la Mesopotamia. Ese conocimiento que la empresa constructora adquirió con El Chocón fue clave para la experiencia en tierras charrúas: mano de obra capacitada en el sur que luego se fue trasladando hacia los otros dos proyectos.

Pero la represa de Salto Grande terminó siendo mucho más que una obra de ingeniería, y fue más allá de sus propios objetivos: con el correr de los años se convirtió en un emblema de la región y en uno de los grandes configuradores de la identidad y del ser de miles de pobladores ribereños de un lado y del otro de la orilla.

Se convirtió también, sobre todo en los últimos años, en el gran tema de agenda de la política entrerriana. Con picos de exposición, la dirigencia empezó a recoger el guante sobre el incumplimiento de uno de los puntos fundacionales de aquel convenio: convertirse en una obra que derramara beneficios a la población que resignó sus propias vidas, literalmente, por su construcción.

El camino estuvo lleno de senderos sinuosos, como el embate privatizador que en la cresta del menemismo, en 1995, llevó a la ciudadanía a las urnas en un plebiscito para decidir si la represa debía seguir siendo estatal. El 90 por ciento expresó su rechazo rotundo a que pasara a manos privadas, en una demostración de unidad y movilización social inusitada.

Más acá en el tiempo, en 2017 y en este 2023, dirigentes del oficialismo, con el Gobierno provincial a la cabeza, y de la oposición hicieron del tema una bandera y propusieron un diálogo real, por primera vez, con la ciudadanía. De lo que se trata es, ni más ni menos, de hacer justicia con la provincia que entregó sus propios recursos naturales, el territorio y la vida de su gente para la generación de energía eléctrica que terminaría abasteciendo a dos naciones.

En la actualidad, y desde que inició sus operaciones, la energía eléctrica generada por la represa tiene por destino los sistemas interconectados de ambos países. Ello gracias a la existencia de una red de transmisión con una tensión que está compuesta por cuatro subestaciones y 1.300 kilómetros de líneas aéreas, divididas entre líneas comunes (pertenecientes a Salto Grande) y líneas instaladas por cuenta y orden de Argentina y Uruguay.

Por tratarse de un complejo binacional, la energía que genera Salto Grande se divide en partes iguales para ambos países. Sin embargo, el volumen de lo que llega a cada país no representa lo mismo, teniendo en cuenta las diferencias poblacionales de cada uno: la represa abastece el 53 por ciento de la energía que consume el sistema uruguayo y el 7 por ciento del sistema argentino, ofreciendo una de las tarifas más bajas de ambos mercados eléctricos. Pero, a pesar de ser la dueña de recursos que provee a todo el país, Entre Ríos no ha conseguido una tarifa diferencial para su población. Sí se conformó, por ley, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), que gestiona los recursos provinciales que ingresan en concepto de excedentes y los vuelca en obras y servicios públicos en las ciudades afectadas por la construcción de la represa, Federación y Concordia, principalmente.

Entre los proyectos de ley que se promovieron en los últimos meses se encuentra uno del senador nacional Edgardo Kueider (PJ) que contempla específicamente la reducción de la tarifa eléctrica para toda la provincia de Entre Ríos con una rebaja importante en el componente impositivo de la boleta; y también propone un sistema que establezca por ley un precio “razonable” del costo de generación de energía de la represa que, según sostiene, es irrisorio en la actualidad. Con esa propuesta cree que se podría volcar parte del excedente para la reducción de la tarifa y la ampliación de las regalías, que también serían destinadas a la reducción tarifaria.

En definitiva, se trata de una propuesta que busca encontrarle la vuelta para que lo que entregamos los entrerrianos en materia de naturaleza nos sea retribuido al menos en una mejor calidad de vida, con una tarifa de energía eléctrica accesible.

El origen

Salto Grande tiene 14 generadores con sus respectivas turbinas. La primera de ellas se inauguró en 1979 y desde entonces la represa no paró nunca de producir energía. Año tras año se fueron inaugurando las otras turbinas, hasta que todas estuvieron activas, y continúan en funcionamiento.

El complejo hidroeléctrico cuenta con 538 empleados, 288 argentinos y 250 uruguayos. Pero antes, en el origen, fueron muchos más. Durante la construcción, trabajaron unas 5 mil personas, entre obreros, ingenieros, personal técnico y de administración.

El obrador, la planta de hormigón, el taller de carpintería, los camiones enormes y los altísimos blondines que servían para transportar cemento y materiales de un lado a otro mostraron en aquellos años un escenario en permanente actividad. El trabajo fue incesante. En invierno y en verano. De día y de noche. Cinco mil obreros uruguayos, argentinos y otros venidos desde muy lejanas latitudes hicieron posible el levantamiento de una de las mayores represas del mundo.

En esa época, la convivencia multicultural marcó la vida de quienes participaron en la construcción y desde los primeros años de la puesta en marcha de la represa. Llegaban trabajadores desde distintas partes de la provincia y del país, pero el proceso no era fácil. Llegar a trabajar en Salto Grande implicaba atravesar un proceso de selección exhaustivo que incluía la averiguación de antecedentes y estaba signado por la presencia de agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el entorno habitual de las personas que aspiraban a ingresar.

“Antes de contratarte, iba la SIDE a tu casa y controlaba todo tu entorno familiar y de amistades”, recuerda Raúl, uno de los trabajadores que integra las primeras generaciones de jubilados de Salto Grande. La mayoría de ellos ingresó entre 1980 y 1981, tras la puesta en funcionamiento de la primera turbina. “Cuando llegué había tres generadores en marcha, estaba en pleno montaje y se requería gente con cierta experiencia en la operación de una central hidroeléctrica. En Concordia no había, se contrataban técnicos jóvenes que en el futuro serían operadores de la central; a algunos se los mandó durante unos meses a El Chocón para que practicaran para la operación”, cuenta el obrero que llegó desde provincia de Buenos Aires y nunca más se fue.

También llegaban profesionales desde Italia, tentados con el desafío ingenieril. Es que la obra estuvo a cargo de tres empresas italianas que se unieron para trabajar en el exterior y conformaron un consorcio al que llamaron Impregilo. Tenían el conocimiento de experiencias anteriores desarrolladas en Europa, pero necesitaban el know-how local y por eso se asociaron con la constructora argentina Sollazzo Hnos. Por otro lado, una empresa canadiense era la responsable de certificar los trabajos.

Aun con la llegada de algunos extranjeros, predominaba la presencia de trabajadores argentinos y uruguayos que veían en Salto Grande la posibilidad de una panacea económica, una oportunidad sin igual para dar, ellos también, el gran salto de sus vidas.

“Todos estábamos muy entusiasmados porque en Salto nunca había habido una demanda laboral así y tan bien paga. Por eso siempre hubo mayoría de obreros uruguayos”, relata Néstor Baldasari, un salteño que estuvo desde los inicios de la obra y llegó a desempeñarse como jefe administrativo. “En el pico de la obra llegó a haber unos 3.700 obreros, aproximadamente, entre uruguayos y argentinos; y por contrato se establecía que tenían que ser 50 y 50 de cada nacionalidad”, agrega. “Los trabajos empezaron en febrero o marzo de 1974, con la instalación del obrador. Pero la empresa no tuvo en cuenta que iba a haber dos legislaciones laborales diferentes (argentina y uruguaya) y en la cuestión administrativa no tenía a nadie que tuviera conocimiento de las leyes laborales uruguayas. De las argentinas sí, porque venían de El Chocón. Entonces buscaron en Salto a alguien con conocimiento y en junio me contrataron”, rememora en diálogo con Cicatriz.

Néstor forma parte de ese puñado de hombres y mujeres que, una vez finalizada la tarea, se quedó sin trabajo. “En 1980 terminaron las obras, pero se siguió trabajando en la instalación de las turbinas, a cargo de Mitsubishi y empresas rusas. Ahí quedó un 45 por ciento de la fuerza obrera; los demás se fueron yendo a medida que se terminaba cada uno de los sectores, y así nos íbamos quedando sin trabajo”, recuerda. La historia le dio revancha y a los pocos años la empresa volvió a contratarlo, esta vez para la construcción de Yacyretá.

Federación, desarraigo y después

Concordia y Federación fueron las dos ciudades argentinas que hace 50 años vieron cómo aquella faraónica obra de ingeniería llegaba para cambiarlo todo entre su gente. Esos cambios tuvieron, sin embargo, dos dimensiones que configuraron la vida en sociedad desde entonces y en adelante: la llegada de una inversión de características casi inéditas a la región, con el derrame socioeconómico que eso implicaría y las promesas de beneficios extraordinarios para la vida cotidiana y el acceso a la energía.

Para que la represa pudiera funcionar fue necesaria la decisión más drástica de esta historia: la desaparición casi total de una ciudad. Federación quedó sumergida bajo las aguas del río Uruguay.

Para ese cometido, se trasladaron casi 8.500 personas y desapareció el 87 por ciento de la vieja ciudad de Federación, que era la zona más baja. El resto no se inundó. La parte alta era donde vivían los pobladores más pobres. En el nuevo emplazamiento que tuvo la ciudad se construyeron 1.006 viviendas. Para su gente fue un golpe muy fuerte. Se perdió el tejido social, los pobladores perdieron a sus vecinos, el barrio; se perdió la identidad de vivir enfrente de alguien o cerca de algún lugar y hubo que tejer todo de nuevo. En 1994 la ciudad salió en busca de aguas termales y ese hallazgo realmente les cambió la vida. Fue el resurgimiento de Federación. El agua te quita, el agua te da.

La dictadura

Las dictaduras de la época fueron protagonistas e impulsoras de esta megaobra que se inauguró con la presencia de dictadores nacionales y sus referentes provinciales.

La nueva ciudad de Federación se inauguró el 25 de marzo de 1979. El dictador Jorge Rafael Videla encabezó un acto en el que hubo desfile militar, marchas castrenses, niñas y niños con sus guardapolvos blancos y muchas banderitas. Al otro día, el agua comenzaría a tapar la vieja ciudad para dar lugar al lago que iba a hidratar la represa de Salto Grande.

“El gobierno militar se preocupaba muchísimo por mostrar la represa, en que sus guías tuvieran un alto nivel de conocimiento, un nivel técnico aceptable como para dar una explicación a todos los visitantes, que eran muchísimos. En esa época se iba a Uruguayana (Brasil) a comprar los televisores a color y mucha gente paraba en Concordia como paso intermedio y visitaban la represa. Las guías estaban muy bien preparadas, algunas visitas especiales venían con conocimiento técnico y las guías también lo tenían”, recuerda Raúl.

En términos operativos, aclara, “no creo que haya que hacer ninguna crítica a la dictadura, porque la gente era muy bien preparada. Adentro de la represa no se reflejaba nada de lo que hacían los militares, se trabajaba tranquilamente, nunca percibí que se persiguiera a la gente o que se los presionara”, sostiene.

Pero en los tiempos previos a la puesta en funcionamiento, durante la construcción, los autoritarismos que gobernaban Argentina, Chile y Uruguay tuvieron la misma participación cruenta que en el resto de los aspectos de la vida cotidiana de las personas. “Había obreros chilenos que vinieron desde El Chocón con la empresa y tuvieron conflictos con las Fuerzas Armadas. También hubo que dar de baja a obreros por indicación del Ejército uruguayo. Desde Uruguay llegaba la lista negra con los trabajadores a los que había que dar de baja porque habían participado de algún acto entre 1975 y 1976. Lo más agudo ocurrió en 1975, en los comienzos de la obra”, recuerda Néstor, que estaba al mando de la plantilla de personal.

“Con la dictadura argentina la técnica era diferente, no mandaban listas negras, directamente desaparecían a las personas. Recuerdo casos de delegados de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) que desaparecieron, que estaban vinculados a un escándalo que había habido en Concordia”, agrega. Ese “escándalo” sucedió en octubre de 1975 cuando se produjo un atentado contra la sede de la Uocra, que luego fue intervenida para impedir que asumiera la conducción del gremio un sector que se oponía a la burocracia sindical y que había ganado las elecciones.

Los vestigios de la dictadura duraron hasta no hace mucho en la historia de Salto Grande: fue gracias a la persistencia en la lucha del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (Siatrasag) que en 2014 se eliminaron las placas de las turbinas que llevaban los nombres de mujeres que eran familiares de militares. Fue la entidad gremial la que pidió retirarlos y se fueron removiendo una a una. En la sede aún se conservan esas placas.

Una trama de muertes

La tragedia también forma parte de la historia de Salto Grande. Hace décadas que alrededor de la represa se producen muertes de trabajadores tras padecer enfermedades similares. Y hace décadas también que sobrevuela una misma sospecha entre los familiares de las personas fallecidas.

El punto en común entre esas muertes es que todas esas personas habían cumplido funciones en el complejo donde se levantaron las oficinas en la década de 1970. En la construcción de esas dependencias se utilizó asbesto, un material fibroso que se obtiene a partir de varios minerales y de muy alta resistencia química. Distintas investigaciones científicas han determinado que la alta exposición al asbesto produce cáncer de pulmón luego de un largo proceso en el que sus pequeñas fibras se desprenden de las paredes, pululan en el aire y, al ser inhaladas, quedan alojadas en los pulmones.

Durante mucho tiempo, el área administrativa ocupó las oficinas que fueron del obrador, es decir, construcciones precarias. “Para nosotros siempre fue un rumor; recuerdo que la gente reclamaba el cambio y era inexplicable que en esa etapa Salto Grande tuviese oficinas en una construcción tan pobre”, recuerda Raúl sobre los comentarios de sus compañeros respecto de los riesgos para la salud que implicaban esas oficinas.

El Siatrasag jugó un rol clave para que la situación llegara a su fin, pero el camino no fue fácil.

“La pelea arrancó en los edificios de la margen derecha e izquierda, con los campos electromagnéticos. Hubo mujeres que perdieron embarazos, trabajadores con problemas de próstata, siempre entre los que trabajaban en esa zona. En 2003 o 2004 empezamos con las asambleas y recién en 2010 logramos sacar a todos de esa zona. Y a la gente de administración de los asbestos”, recuerda Tomás Ruiz Díaz, ex secretario general de Siatrasag y trabajador de Salto Grande durante muchos años.

Ruiz Díaz reconoce que fue una lucha desigual y que no siempre tuvieron el acompañamiento del personal. “Era un tema muy sensible y nadie quería poner en riesgo su fuente de trabajo”, entiende. Hubo manifestaciones en la plaza central de Concordia donde se advertía que había personal con cáncer que no podía acceder a los remedios. “Hasta que logramos que viniera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ese fue el camino. Dimos con la persona indicada que nos contó que se había cajoneado todo. Pero ahí cambió la conducta, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Vinieron a Concordia y al Sindicato dos abogados y uno que se encargaba de la parte de contaminación laboral. Ahí fue cuando cambió la situación y empezó la relación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Uruguay. A partir de ese momento hubo una cuestión más comunicativa entre la empresa y el sindicato. Hasta que logramos que se hiciera el estudio epidemiológico, antes de 2010”, relata.

En ese estudio se le aconsejó a la empresa que trasladara al personal, cosa que sucedió al poco tiempo.

“Había trabajadores que no creían, hubo oposición interna a esa lucha. Pero el sindicato ya había hecho todo, ahora era tiempo de la lucha legal: el resarcimiento a los compañeros que estuvieron tanto tiempo expuestos. Pedíamos que la empresa se hiciera cargo, y ahí apareció la intervención de un abogado”, señaló.

En la Justicia Federal tramita una causa que ha contabilizado más de una veintena de fallecimientos por cáncer. La empresa binacional, amenazada ante la posibilidad de incurrir en una desobediencia judicial, brindó informes que la comprometen aún más. En octubre de 2015 se reveló un documento en el cual la CTM reconocía el daño a la salud que provocaba trabajar en sus instalaciones.

En un convenio firmado por una ex trabajadora de Salto Grande que padecía cáncer, al momento de hacer una liquidación previa a la indemnización, la CTM computó un monto dinerario como “suma compensatoria por los daños en la salud causados como consecuencia del trabajo continuo y permanente durante el transcurso de toda relación laboral construido con asbesto”. Esa palabra, asbesto, aparece en mayúsculas.