El 16 de junio de 2006, diarios y portales entrerrianos ponían en sus portadas que el ex gobernador Sergio Montiel viajaba a la ciudad de Federal para defender el proyecto de levantar una fábrica de medicamentos genéricos, una iniciativa a la que le había dedicado mucha narrativa durante su gestión. Tras la derrota de su partido en 2003, el líder radical se había apartado de la vida pública, por eso el viaje al norte de la provincia era todo un hecho político. Pero quizás el motivo que lo llevó a salir de su departamento capitalino era más relevante que su propia presencia.
El viejo hospital de Federal iba a ser el lugar en el que se establecería la planta de medicamentos, que tendría una inversión estatal inicial de 135 mil pesos de entonces, según el Decreto Número 1.767, firmado por Montiel el 20 de mayo de 2003. Allí se creaba una empresa llamada Infader SE (Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos Sociedad del Estado), propiedad del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro. La inspiración tenía como soporte la crisis social que impactaba en la salud pública, pero también la idea de constituir una empresa estatal capaz de reducir los costos en la adquisición de medicamentos y la posibilidad de proveer al sector privado. Hubo un incipiente proceso de formación y capacitación que tuvo como inspiración lo que se había dado, de manera experimental, en Concepción de Uruguay y en Concordia. En ambas ciudades se llegaron a producir algunos medicamentos genéricos para oxigenar a hospitales y centros de salud.
Pero ni bien asumió Jorge Busti su tercer mandato desactivó la idea y el tema quedó apenas en la memoria nostálgica de algunos viejos radicales. En aquellos años, el justicialismo entendía que fabricar medicamentos sería más caro que comprarlos directamente a la industria. Además de no poder probar esa supuesta certeza, se obviaba el debate que implicaba convertir al Estado en un jugador estratégico en el mercado.
Sin embargo, la idea de Montiel se negó a pasar al olvido irremediable. En 2015, el diputado justicialista Luis Edgardo Jakimchuk presentó un proyecto de ley para resucitar Infader SE. La iniciativa implicaba que el Poder Ejecutivo inyectara 60 millones de pesos de capitalización para su funcionamiento y consolidación, a los que se les sumarían aportes operativos de hasta 10 millones de pesos para sostener las actividades iniciales. Sin mucha precisión en el texto legislativo e interés por parte de los representantes de los diferentes partidos con representación en la Legislatura, todo quedó en la nada. En 2018, el radical Alberto Rotman, desde una banca en la Cámara de Diputados, volvió con el libreto que lo había movilizado quince años antes cuando era ministro de Salud de Montiel: propuso la creación de un laboratorio de medicamentos genéricos estatal con el objetivo de “planificar y ejecutar la producción provincial de medicamentos, propendiendo a satisfacer la demanda de los establecimientos y servicios de salud provinciales”, pero también con la posibilidad de “firmar convenios para la provisión nacional y coordinada de los productos requeridos por los mismos”.
Un golpe en el tumulto
Las crisis suelen ser la plataforma para volantazos inesperados. Así como Montiel planteó su proyecto al calor de una coyuntura de emergencia, el peronismo dejó pasar el tiempo de los superávits y tuvo que toparse con una crisis para empezar a pensar un cambio de paradigma en un negocio que el ciudadano común desconoce, pero en el que se manejan millones de dólares con la presencia de fuertes lobbies capaces de desestabilizar a cualquier gobierno.
La fabricación de medicamentos en Entre Ríos se convertirá en realidad, pero el anuncio debe ser cuidadoso y milimétrico. Cualquier exaltación puede generar rispideces en un ámbito receloso como es el de la industria farmacéutica. El destino hizo que los opositores de entonces sean los artífices de ahora. El Instituto del Seguro desempolvó Infader y es el que inyectará el capital, pero ahora no será una Sociedad del Estado, sino una Sociedad Anónima. Esto implica que el laboratorio tendrá como fin también poner la producción en la góndola comercial, con la posibilidad de convertirse en una línea por la que ingresen dólares en un mundo que en plena pandemia por el Covid-19 multiplicó por mil el valor de los medicamentos.
Entre Ríos tiene una tradición industrial como productor de especialidades medicinales. Actualmente hay por lo menos tres laboratorios farmacéuticos que abastecen al sistema de salud local, nacional y exportan sus productos al mundo. Los laboratorios tienden a especializarse en la producción de jarabes, comprimidos, inyectables, sumado al constante avance científico que modifica los requerimientos regulatorios para la aprobación de los medicamentos. Quienes están en el proyecto se manejan con exagerada prudencia porque saben en qué campo van a jugar. Según pudo reconstruir Cicatriz, la idea es completar el abanico de fármacos y sumar alternativas productivas con medicamentos de uso permanente para sostener la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles y transmisibles.
El Laboratorio Farmacéutico de Especialidades Medicinales tiene estipulado fabricar los principales fármacos que necesita el sistema sanitario, de manera tal que el valor que ofrezca Infader sea relativamente menor al que tienen los laboratorios privados. El objetivo es comprar licencias de medicamentos –como hizo Hugo Sigman con AstraZeneca, para poner un ejemplo– y producirlos en la provincia. La inversión que se prevé a largo plazo es cercana a los 3 millones de dólares. Se estipula, en una primera etapa, comenzar con la obra civil con un desembolso de 82.680.000 pesos, mientras que el equipamiento de cada una de las áreas requerirá una inversión de 59.360.000 pesos.
La planta estará emplazada en el parque industrial de Concepción del Uruguay, por una serie de elementos que lo consideran como un lugar estratégico. Se instalará sobre la ruta provincial 42, a quinientos metros de la ruta provincial 39, en su confluencia con la Autovía Mesopotámica, lindero también con la zona franca. Esto mejora las posibilidades de transportabilidad de la producción, incluso hacia la República Oriental del Uruguay. Tendrá una dimensión de siete manzanas y allí se realizará la producción, el control de calidad y se instalará un laboratorio de microbiología acorde con las disposiciones de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat). Sobre ese contorno de la provincia están radicadas las facultades de Ciencias de la Salud (Concepción del Uruguay) y Bromatología (Gualeguaychú), ambas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
El laboratorio implica –y así se lo piensa– profundizar un polo productivo y científico con mano de obra y desarrollo local. El proyecto de Infader contempla además una dotación de treinta trabajadores, entre personal de producción, control de calidad, depósito, ingeniería, seguridad e higiene, más el personal administrativo. “Hay que destacar que será una opción más para los profesionales que se generan actualmente en el marco educativo local”, se entusiasmó uno de los autores del proyecto.
Sanar con lo nuestro
El presupuesto del Ministerio de Salud para este año es de 24.761 millones de pesos. Un 14,8 por ciento, es decir, 3.674 millones, está destinado a la compra de medicamentos. En la actualidad, en la fase de contención, con un promedio de 150 pacientes internados por Covid-19 en unidades de cuidados críticos, se invierten 170 millones de pesos por mes solo en el ítem de insumos de analgosedación. En la cartera sanitaria ya tienen en carpeta la idea de desarrollar una línea de productos que actualmente no se están haciendo en otros laboratorios nacionales y provinciales, como son los oncológicos sólidos, para desarrollo y estudio de contraste, para estudios de serología y los de analgosedación.
La inversión en determinados medicamentos suele variar según el cuadro sanitario. El mercado va estudiando la evolución y va poniendo los precios de acuerdo a la demanda. La provisión directa de Infader haría bajar los costos, pero sobre todo podría definir valores testigo e ingresar en el proceso de regulación de los precios de los medicamentos. En el Ministerio de Salud hacían notar que el hecho de fabricarlos en la provincia y tener una relación directa también permitiría ahorrar un paso en la cadena de valor vinculado al marketing y packaging. “La brecha que existe entre los costos de producción y los precios de venta de los medicamentos es enorme”, le dijo una fuente calificada a Cicatriz.
El ahorro total no se puede verificar con certeza hasta que la provisión sea un hecho. Pero la importancia de que un Estado provincial tenga un laboratorio para abastecer al sistema sanitario con algunos medicamentos es irrefutable. Basta mirar la vecina provincia, donde el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe le permitió al Estado ahorrar 55 millones de dólares durante los años 2016, 2017 y 2018. El dato surge de un análisis de costos y precios de los medicamentos producidos por el organismo, al comparar lo que debería haber gastado el Estado provincial en la adquisición de la misma cantidad de fármacos en el mercado privado. El monto ahorrado superó el costo que implicó la construcción del nuevo Hospital Iturraspe (48 millones de dólares).
Los actores
Quien lleva adelante el proyecto de Infader es Tomás Proske, un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que llegó a Entre Ríos e ingresó al Estado de la mano de José Eduardo Lauritto. Con bajísimo perfil, se hizo cargo de otra empresa estatal que supo ser una herramienta de financiamiento para el sector público, como es Sidecreer. Los buenos números que le rinden las cuentas del Instituto del Seguro, que conduce actualmente, lo incentivaron para empezar a pensar en la posibilidad de desempolvar el viejo proyecto de crear un laboratorio de medicamentos. Proske no tuvo que ponerse a estudiar de cero la temática porque antes de desembarcar en la función pública se desempeñó en Laboratorios Roemmers. Para este proyecto convocó a Carlos Dupetit, un ingeniero que oficia de gerente de Zelltek SA, una empresa que forma parte del grupo farmacéutico Amega Biotech, y que con solo googlear su nombre se puede saber de quién se trata y el recorrido que tiene. Sobre todo en el proceso que se dio en Santa Fe.
La otra pata fundamental del proyecto es Sonia Velázquez. La ministra de Salud es discípula de Ginés González García, un impulsor de la producción de medicamentos genéricos, que desde 1987 se ha desempeñado en diferentes áreas en la cartera sanitaria y ha apoyado siempre la iniciativa.
El lobby farmacéutico tiene una larga historia en la Argentina, pero más cerca, en la Región Centro, dejó su sello el año pasado cuando se opuso a la ley que permite el cultivo personal del cannabis. En el primer número de Cicatriz se abordó el proyecto cannábico al que finalmente la Legislatura provincial le hizo lugar. El sector se expresó en contra a través del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos afirmando que “el derecho al acceso a medicamentos seguros, de grado médico y calidad farmacéutica debería anteponerse al derecho al acceso a la planta de cannabis”.
Más atrás en la historia nacional las disputas fueron enormes. En 1946, el médico y celebre justicialista Ramón Carrillo creó la Empresa Medicinal del Estado Argentino (Emesta), como respuesta al desmesurado e injustificado aumento en los precios de los medicamentos por parte de los laboratorios privados. En esa época se llegaron a fabricar 100 tipos de medicamentos básicos esenciales de calidad a valores entre 50 y 70 por ciento más económicos que los que producía la industria privada, local e internacional. Dieciocho años después, el presidente radical Arturo Illia impulsó, junto con su ministro de Salud, Arturo Oñativia, dos leyes que obligaban a los laboratorios a presentar declaraciones juradas indicando los costos de producción y justificativos de los precios establecidos en farmacias. En 1966, por pedido del Club de París para renegociar la deuda externa, se solicitó derogar esas leyes. No lo hizo el presidente radical, sino la dictadura de Juan Carlos Onganía que lo derrocó.
En Argentina existen más de treinta laboratorios públicos que dependen de la Nación, las provincias y las universidades nacionales. Infader ya está registrado en esa nómina. Solo resta comenzar a producir.